En la noche del 20 y la madrugada del 21 de febrero de 1971, hace 51 años, miles de campesinos organizados en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC, se tomaron 645 predios (algunos hablan de 1250 haciendas), aproximadamente 100 mil hectáreas en 7 departamentos del país. Una de las más importantes acciones del movimiento campesino, muy poco conocida o casi olvidada en el movimiento revolucionario, y completamente silenciada por los gobernantes, a quienes no les interesa que estas grandes hazañas de las masas se conozcan.
Sí hazañas, organizar una toma de tierra simultáneamente en distintas regiones, organizar previamente a las familias para que cuando llegaran a las tierras propiedad de los terratenientes, comenzaran inmediatamente la siembra de los terrenos, izar una bandera —en algunas partes blanca o de Colombia y rojas como se presentó en la costa— son hazañas dignas de contar, de publicitar y, sobre todo, de aprender de sus lecciones; con mayor razón en las actuales circunstancias de debilidad del movimiento campesino, cuando necesita con urgencia resurgir de las cenizas, para frenar la voracidad de los capitalistas y evitar la destrucción del medio ambiente.
Para entender un poco por qué se presentó la lucha por la tierra el 21 de febrero, considerado en los años 70 y 80 como el Día del Campesino, y por qué fue una hazaña, es necesario entender los hechos que lo rodearon.
En Colombia en la década del 70 se presentó un nuevo impulso al desarrollo capitalista en el campo; ya se había dado uno en la década del 50, que permitió la diferenciación de clases en el campo en varias regiones entre proletarios agrícolas, semiproletarios, campesinos sin tierra, campesinos pequeños y medios, campesinos ricos y terratenientes; por consiguiente, la aparición de las contradicciones de clase eran inevitables, especialmente con los terratenientes, quienes, son y han sido un freno para el desarrollo en el campo.
Tanto para la burguesía, interesada en invertir capital para obtener más ganancias, como para las masas pobres del campo, interesadas en tener un medio de sustento, las grandes extensiones de tierras baldías de los terratenientes son un freno. Pero desafortunadamente en Colombia no se presentó la revolución agraria, o una Reforma Agraria radical, como sí sucedió en México, donde por la vía revolucionaria se expropió a los terratenientes, se repartió la tierra y se dio el proceso “clásico” de desarrollo del capitalismo en el campo. Una medida propia de la revolución burguesa, que la burguesía no fue capaz de llevar a cabo por miedo a que el proletariado aprendiera a irrespetar la propiedad privada en general, base de su explotación.
Fue así como en Colombia el desarrollo de la agricultura capitalista, no se ha dado por la vía de la revolución campesina sino por la vía reaccionaria (yunker) de alianza entre burgueses y terratenientes, que se les permitió mantener la propiedad de la tierra a los grandes señores feudales, a quienes toda la sociedad les paga una costosa renta, incluidos los burgueses que la alquilan para poder explotarla. Renta que en ocasiones los capitalistas no han estado interesados en pagar o han pretendido rebajar, a raíz de eso se han presentado guerras, en la que el costo lo han pagado los pobres del campo.
Una de esas guerras fue la de los Mil Días (1899-1902) presentada como un choque entre liberales y conservadores, en donde después de que el pueblo apoyó a la burguesía poniendo muertos, creyendo que expropiaría a los terratenientes y entregaría la tierra a los que la trabajan, fue traicionado, pues finalmente hubo un pacto con los terratenientes, que marcó de ahí para adelante la vía reaccionaria de desarrollo del capitalismo en el campo.
Otra de esas reyertas, fue la época de La Violencia (1948-1958) entre liberales y conservadores, pero esta vez disputándose la renta extraordinaria que dejaban los cultivos de café, generada gracias a que después de la II Guerra Mundial el precio del grano se disparó internacionalmente, ocasionando que las tierras cafeteras produjeran una ganancia superior o extraordinaria. De quién se quedara con esa renta, dio origen al conflicto que ocasionó masacres, desplazamiento de campesinos y enfrentamiento entre el mismo pueblo, que terminó finalmente en un acuerdo entre los jefes liberales y conservadores (grandes burgueses y terratenientes) materializado en la creación del Fondo Nacional del Café para repartirse la renta extraordinaria, y en el Frente Nacional para repartirse el poder.
En la década del 60, el imperialismo yanqui aprobó un programa de ayuda económica para América Latina llamado Alianza para el Progreso, una especie de Plan Marshall, un programa que fue de ayuda a los países afectados por la II Guerra Mundial, dando algunas limosnas con la idea principal de contener la influencia de la Unión Soviética. Los Estados Unidos daban un fuerte apoyo a los países no comunistas para evitar que cayeran bajo la influencia del poder proletario, que demostraba en la práctica los grandes avances económicos y sociales para los trabajadores.
Ahora las limosnas eran para su patio trasero, donde para la época existía un ambiente revolucionario peligroso para Estados Unidos. La Alianza para el Progreso consistía en: un incremento anual de 2.5 % en el ingreso del capital, el establecimiento de gobiernos “democráticos” (léase gobiernos afines a EU), eliminación del analfabetismo de adultos para 1970, la estabilidad de precios, eliminación de la inflación o deflación, más equitativa distribución del ingreso, reforma agraria y planificación económica y social. Una de las principales medidas era la reforma agraria que pretendía mejorar la productividad agrícola.
Atendiendo a esa política contrainsurgente del imperialismo yanqui y aunada a la disputa entre burgueses y terratenientes, en 1961 el presidente Alberto Lleras Camargo, del partido Liberal, sancionó la Ley 135 llamada Reforma Social Agraria y creo el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) que pretendía “democratizar” la propiedad rural, repartir la tierra a quienes la trabajan, acabar con los latifundios baldíos e “inapropiadamente explotados”, pero sin tocar la propiedad de los terratenientes; es decir, mantener la alianza pero amenazar a los terratenientes para regatear la renta del suelo. Esta ley favoreció realmente a la burguesía industrial a quien se le adjudicaron baldíos con la ayuda del Estado, extendiéndose por tanto el monopolio de la tierra tanto a los burgueses convertidos ahora en terratenientes, como a los terratenientes que se vieron obligados a invertir en la tierra, convirtiéndose a su vez en capitalistas. ¿Y a los campesinos? ¡Nada!
En el mandato de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), se aprobó la Ley 1ª de 1968 con la que supuestamente se expropiaría a los terratenientes y se le otorgarían títulos de propiedad a los pequeños “tenedores precarios” (pequeños aparceros, colonos, arrendatarios), siendo esta otra “amenaza” para los terratenientes, que les sirvió a éstos para alertarlos y organizar la expulsión de los campesinos pobres y forzar la baja en la renta del suelo.
Como parte de llevar a cabo la ley, el gobierno Lleras creo la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), de la cual hacían parte terratenientes, campesinos ricos, campesinos medios y pobres, con la que también pretendía salir beneficiada la burguesía.
Pero aquella época fue especial; existía en el mundo un período revolucionario: a pesar de que el proletariado había sido derrotado en la Unión Soviética en 1956, en China se sostenía y se desarrollaban importantes avances como la Gran Revolución Cultural Proletaria, un gran movimiento de masas que luchaba por impedir que la burguesía retomara el poder allí también. Se presentaron importantes movilizaciones de masas como el Mayo Francés en el 68, las movilizaciones contra la invasión a Vietnam en Estados Unidos, la masacre de Tlatelolco en México también en el 68, por nombrar algunas. En Colombia se vivía un periodo de huelgas, movilizaciones y paros, rechazando la política burguesa en el seno del movimiento sindical, especialmente en la CTC, dirigida por el partido Liberal de la burguesía industrial, y el sindicalismo patronal de la UTC dirigida por los curas y el partido Conservador de los terratenientes. Se presentó un importante rompimiento en el seno del Partido Comunista en 1965, producto de la lucha contra el reformismo y el revisionismo en su interior, formándose el Partido Comunista Marxista Leninista, que aunque duró solo 10 años, influyó de manera revolucionaria en el movimiento obrero y campesino.
En medio de ese momento, la ANUC que Carlos Lleras pretendía mantener como una organización de bolsillo del Estado y del partido Liberal, se convirtió en una organización amplia de las masas campesinas y gracias al influjo de los revolucionarios de diferentes tendencias, la ANUC logró actuar con independencia del Estado y llevar a la práctica lo que la Ley 135 y la 1ª del 68 prometían: ¡Tierra para el campesino!
Hasta el año 1970 a los campesinos pobres se les habían puesto cualquier cantidad de obstáculos para acceder a la tierra; la tal democratización no se daba para ellos, pero en cambio sí, las clases ricas del campo acumulaban tierra y desarrollaban sus grandes proyectos agroindustriales. Así que tomaron la importante decisión de ocupar las tierras de los grandes señores terratenientes y ponerlas a producir.
No solamente se presentó la toma de tierras el 21 de febrero; en todo el mes se presentaron recuperaciones protagonizadas por 15.000 familias en 13 departamentos. Éstas superaron con creces las que se habían presentado en años anteriores, 1959, 1961, 1967. Y aunque las tomas no siempre buscaban o conseguían quedarse con la tierra, también servían para denunciar la problemática agraria y presionar a las autoridades. También en 1971 se formó en el seno de la Asociación la Secretaría de Asuntos Indígenas de la ANUC y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) con el liderazgo del pueblo Nasa, tras la primera recuperación ocurrida en Silvia, en octubre de 1970 y la formación del Sindicato Indígena de Jambaló en diciembre de ese mismo año.
La respuesta del Estado, esta vez en cabeza del presidente Misael Pastrana Borrero del Partido Conservador, fue como siempre con violencia y terrorismo aprovechando el Estado de Sitio, con el que todos los gobiernos han mandado (ahora se llama Ley de Seguridad Ciudadana) y después de una reunión entre el presidente, congresistas y terratenientes, realizada el 9 de enero de 1972 llamada Pacto de Chicoral, se pone fin a la expropiación de los latifundios, se debilita el INCORA disminuyendo el apoyo a pequeños propietarios, se nombran funcionarios afines a la nueva política agraria, y se propone aplastar los levantamientos campesinos por la fuerza de las armas.
También se acuerdan las leyes 4ª y 5ª de 1973 que son el sello jurídico y la consolidación de la vía reaccionara o yunker del capitalismo en el campo; es decir, otra vez una alianza entre burgueses y terratenientes para explotar la tierra y fuerza de trabajo, llevando a cabo los planes de desarrollo capitalista; mientras los campesinos de nuevo sin tierra y sin capital para desarrollar su proyectos productivos y derrotados.
Desde finales de la década del 70 se presenta un declive de la lucha tanto del movimiento obrero, con el triunfo de la conciliación de clases en el Encuentro del Sindicalismo Independiente del 76 en Medellín y consolidado con el surgimiento de la CUT en 1986; como del movimiento campesino, cuya dirección cayó en las manos de la socialdemocracia pacifista y reformista. Todo, producto de la pérdida del poder proletario en China en 1976, de la disolución del Partido Comunista ML en 1975 y de una profunda crisis del movimiento revolucionario y comunista.
A finales de los 70 y comienzos de los 80, se inicia una nueva etapa en la que con el cultivo de la coca, marihuana y amapola surge un remanente extra de renta, más el interés de los burgueses y terratenientes en nuevos proyectos agroindustriales como la palma aceitera, la teca, y los grandes proyectos mineros, generaron otra guerra por el reparto de la ganancia extraordinaria, en la que aparece, desafortunadamente, un nuevo actor: las guerrillas que habían surgido como respuesta justa a La Violencia de los 50, ingresan en esta disputa convirtiéndose en victimarios de las masas, en una guerra reaccionaria que aún persiste, a pesar de los acuerdos firmados por los jefes guerrilleros a finales de los 80, en los 90 y los del 2016 con el gobierno; una guerra contra el pueblo que la han pagado especialmente los campesinos pobres, quienes fueron y siguen siendo víctimas de masacres, desplazamiento, despojo de sus tierras y asesinato de sus dirigentes.
La poderosa acción de toma de tierras el 21 de febrero de 1971, enseña la necesidad de reconstruir las organizaciones campesinas con independencia del Estado, de los politiqueros e ideólogos de la socialdemocracia y todo tipo de reformismo; enseña la importancia de la lucha directa en las veredas, vías, calles, etc. y, especialmente, enseña la necesidad de forjar la alianza con el movimiento obrero para conquistar el conjunto de las reivindicaciones del pueblo colombiano.
Hoy, el drama mayor es que una gran parte de los campesinos han sido despojados de la tierra, haciéndose más patente la concentración de la propiedad en unos cuantos terratenientes, grandes burgueses y gigantes monopolios imperialistas que explotan la fuerza de trabajo de los proletarios y semiproletarios agrícolas, a la vez que subsisten campesinos quienes en su mayoría se encuentran estrangulados por el capital financiero, sometidos a los grandes comerciantes, asfixiados por carencia de créditos, asistencia técnica y vías, además de carecer de servicios públicos, salud y educación de calidad; una situación que se hace más trágica cuando se encuentran sometidos a la violencia de los actores de la guerra por la renta, y cuya solución inmediata exige: condonación de las deudas, garantizar la compra de las cosechas a precios justos, salud, educación y servicios públicos, no más fumigaciones con glifosato, legalización de los cultivos de coca y marihuana, sustitución por proyectos productivos y reparación real a las víctimas de la guerra.
Pero resolver definitivamente las necesidades de los campesinos en Colombia exige medidas radicales; es decir, ir a la raíz del problema:
1. Nacionalizando de inmediato toda la tierra, incluyendo los recursos naturales (petróleo, carbón, minas, bosques, aguas).
2. Expropiar y confiscar sin indemnización la tierra: de los terratenientes, de las instituciones religiosas, de las concesiones dadas al imperialismo, de la burguesía industrial y comercial en el campo; y si se oponen a la revolución, también la tierra de los campesinos ricos.
3. Dejar en estricto usufructo la tierra de los campesinos medios
(pequeña burguesía agraria) y de los campesinos pobres
(semiproletarios). En determinados casos, entrega en posesión de una
parte de la tierra confiscada.
4. Eliminación de la deuda agraria de los campesinos pobres y medios.
5. Supresión inmediata del sistema de hipotecas.
6. Promover las cooperativas de nuevo tipo y demás asociaciones que permitan avanzar en el cultivo colectivo de la tierra.
7. Prestar ayuda material inmediata a los aliados del proletariado en el campo, estimulando con el ejemplo y la ayuda socialista a los campesinos revolucionarios, para que puedan avanzar al trabajo colectivo de la tierra, y a la gran agricultura socialista. (tomado del Programa para la Revolución en Colombia)
Medidas que solo podrán ser llevadas a cabo instaurando un nuevo Estado de obreros y campesinos, que por medio de la guerra popular derrote el poder político de los capitalistas, terratenientes e imperialistas.
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