Aumentan los llamamientos a la dimisión de la primera ministra de Bangladesh, Hasina, y de su gabinete, en medio de la represión de las protestas estudiantiles por parte de su gobierno en las últimas semanas. Los estudiantes afirmaron que el gobierno de Hasina ha mostrado sus colmillos fascistas y quiere reprimir todo tipo de oposición al régimen actual.
Las protestas comenzaron a finales de junio, pero se recrudecieron a partir de mediados de julio, cuando el Estado empezó a reprimir violentamente las manifestaciones. Según los últimos informes, los disparos indiscriminados de la policía contra los manifestantes causaron 174 muertos. La masacre más sangrienta fue la del 18 de julio, en la que murieron 22 estudiantes. Hasta 2.400 personas han sido detenidas. Además, el Estado bangladeshí impuso el toque de queda y el apagón de Internet. También se suprimió la libertad de prensa, y sólo se permitió a los periódicos proestatales informar sobre los acontecimientos.
Las protestas estudiantiles en Bangladesh obtuvieron una primera victoria cuando el Tribunal Supremo del país modificó el sistema de empleo para los cargos públicos. Los estudiantes calificaron el sistema de «discriminatorio» por asignar el 30% de los puestos a familiares de veteranos de la lucha por la independencia del país en 1971. Los estudiantes insistieron en que el empleo en la burocracia debía basarse en el mérito. En la decisión del tribunal, la cuota se redujo al 5% para los descendientes de los veteranos y al 2% para las minorías nacionales y los discapacitados. Se abrió el empleo de casi toda la burocracia (93%) de acuerdo con el llamamiento de los estudiantes.
En medio de una intensa represión, los estudiantes presentaron una demanda de 9 puntos a Hasina y a su gobierno.
Exigen que Hasina acepte su responsabilidad por los asesinatos en masa y pida disculpas públicamente. Junto con ella, los ministros del partido Awani también deberían dimitir del gabinete. Los estudiantes también exigen el despido de los policías que se encontraban en los lugares de la protesta, así como de los funcionarios de las tres universidades donde comenzó la violencia contra los estudiantes.
Los policías y matones que atacaron a los estudiantes y los que instigaron los ataques deben ser detenidos. Las familias de los muertos y heridos deben ser indemnizadas. La Liga Chhatra de Bangladesh, brazo estudiantil del Estado, también debe ser prohibida en las universidades, y en su lugar debe permitirse la creación de sindicatos estudiantiles. Deben reabrirse todas las instituciones educativas y residencias estudiantiles.
Por último, deben ofrecerse garantías de que no se producirá ningún acoso académico o administrativo a los manifestantes
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