El viernes 20 de diciembre, desde las cinco y media de la madrugada, cientos de pobladores de la Toma Macarena Valdés, ubicada en un terreno estatal de las esquinas Costanera Sur con La Estrella, resistieron tenazmente el brutal desalojo arremetido por Fuerzas Especiales de Carabineros. Sin embargo, los pobladores y los apoyadores que se sumaban con el correr de las horas, los enfentaron con todo lo que tenían a mano.
La resistencia
Los pobladores denuncian que desde un inicio los efectivos policiales ingresaron en forma brutal, disparando balines, sin siquiera contemplar la presencia de mujeres embarazadas y niños durmiendo, iniciaron fuego en varios puntos del asentamiento y derribaron las casetas que comenzaban a levantarse.
Balin recogido por pobladores luego de la represión
A eso de las 8 am la acción de Carabineros se endureció, pues los cobardes disparos comenzaron a dirigirse al cuerpo e incluso comenzaron a arrojar piedras a los pobladores. Durante la mañana fueron detenidas algunas lamngenes mapuche y pobladores chilenos que fueron trasladados a la 45° Comisaría de Cerro Navia. A esa hora ya se sabia de los primeros heridos por los golpes de FF. EE., pero la toma continuó resistiendo. Y para fortaleza de los pobladores, comenzan a llegar refuerzos desde otras poblaciones y tomas ubicadas en el sector.

Ya a las 10 am y tras 4 horas de resistencia, la lucha por el derecho a la vivienda y una vida digna continuó, planteándose la posibilidad de retoma. Con lo que tenían a mano, los pobladores lograron que los carros policiales retrocedieran y se replegaran a los extremos del terreno tomado. La táctica policial cambia y comienzan los disparos a corta distancia de bombas lacrimógenas, presumiblemente buscan ganar tiempo para reforzar sus posiciones, pues según los relatos, comenzaron más de 50 efectivos reprimiendo y luego contaban más de 100. Se registraron varios heridos de golpes directos, impactos de perdigones y bombas lacrimógenas.
Mientras los pobladores relatan a los observadores de derechos humanos los apremios ilegítimos sufridos, avizoran en el horizonte una retroexcavadora en los extremos del terreno donde se ubica la policía, lo que nuevamente enciende los ánimos de resistencia. En medio de esa situación, una lamngen denuncia que no llevaron a los detenidos a constatar lesiones, que a un adulto mayor le partieron la cabeza y que a un muchacho lo golpearon indiscriminadamente estando ya reducido. Además denuncia agresiones verbales sexuales y racistas. Cuando los increpan, tratan de “maracas” a las pobladoras y estas le responden “tú también eres parte del pueblo”, pero el paco le dice: “sí, pero a mi no me han culeado. Cállate india culiá”. La lamngen le responde con orgullo: “no soy india, soy mapuche”.
Finalmente, el contingente de Fuerzas Especiales era muy superior al número de pobladores que quedaron resistiendo, por lo que la toma efectivamente fue desalojada, sin embargo les tomo casi todo el día conseguirlo a las fuerzas policiales.
Luego, como muchos ocupantes no tienen donde vivir, decidieron acampar al frente del terreno desalojado y retomando aire buscan reorganizarse, por lo que se necesita solidarizar con agua, comida y carpas.
Las mentiras descaradas del Serviu
El desalojo se realizó, entienden los pobladores, en medio de una mesa de negociación, tal como lo refleja el acta de la reunión efectuada entre vecinos y el Serviu el martes 17 de diciembre a las 9 de la mañana. Sin embargo, el brutal operativo policial fue acompañado por funcionarios del Serviu, por lo que los pobladores denuncian una traición. Ni siquiera llevaron una orden, arremetiendo con policías de Cerro Navia y Pudahuel.
En dicha reunión del 17 de diciembre, Roberto Acosta, funcionario del organismo estatal, planteó explícitamente la voluntad de tener una mesa de trabajo para lograr soluciones habitacionales, buscar terrenos y postular a subsidios, cuestión a la que los pobladores en ningún momento se opusieron o quisieron obstaculizar el desarrollo de esta mesa. Es más, desde el inicio de la toma se pusieron a trabajar en las exigencias del viejo Estado. Por ello, realizaron un catastro de las familias que iba a ser entregado dentro del plazo que consta en el acta, el día 23 de diciembre. Inclusive les señalaron a los pobladores que debían tener un ahorro mínimo de $300.000 pesos.
Sin embargo, en el comunicado de Prensa Serviu fechado el 20 de diciembre, estos miserables señalaron “cabe señalar que la institución les ha solicitado en diversas oportunidades una nómina de las personas que se encuentran en esta situación, pero que a la fecha no ha sido entregada, lo que dificulta la posibilidad de ayudar al grupo de personas”.
Otra de sus burdas mentiras es que en el mismo comunicado dicen que “la orden se concretó tras la realización de al menos ocho reuniones de trabajo entre los tomadores de propiedad y el equipo social del Serviu metropolitano”. El día del desalojo, las pobladoras tenían recién la tercera reunión con el Serviu a las 11 de la mañana, pero no pudo concretarse ya que las vecinas estaban siendo brutalmente desalojadas junto al resto de integrantes de la toma Macarena Valdés. He ahí la doble cara del Estado: ablandar la consciencia de las masas para luego apalearlas cuando están desarmadas.
A todas luces, el organismo burocrático quiere dar a entender a la opinión pública que los pobladores son intransigentes, que no querían entregar papeles cuando ya varios de ellos tenían sus carpetas listas y los que no, las estaban terminando. También quieren hacer creer que los vecinos deseaban ocupar definitivamente el terreno en Costanera Sur, tratando de oponer a pobladores contra pobladores, ya que en dicha franja de tierra se va a construir el Parque Mapocho Río, “el parque de la familia”. Sin embargo, ellos quieren solución habitacional, sea allí o en otro terreno de Cerro Navia para mantener sus redes de apoyo en el sector.
El déficit habitacional y la violencia amparada por el Estado
La toma “Macarena Valdés” se ha agrupado en el “Frente de pobladores en toma por el derecho a la vivienda”, junto a la toma Violeta Parra de Barrancas y a la población 17 de Mayo Luisa Toledo. Esta organización lucha por viviendas y barrios dignos para los trabajadores y sus habitantes, al igual que como se levantan otras iniciativas populares a lo largo de Chile.
El Capitalismo Burocrático, que es el tipo de capitalismo atado a los intereses del imperialismo y los latifundistas solo puede ofrecerle a nuestra pueblo migajas, pues es una economía al servicio de los más ricos. En cuanto a la necesidad de vivienda, es lo mismo: deficit de viviendas, viviendas sociales de indigna calidad, etc.
Pero las masas populares se organizan para luchar por algo mejor, tomando el toro por las astas. Los vecinos organizados en en esta justa demanda vienen arrancando de la violencia y el control del narcotráfico en las poblaciones, todo ello, bajo la total pasividad del Estado, así como también de usura en el costo de los arriendos, situación agravada en el caso de los migrantes.
¿Por qué los pobladores de la Toma Macarena Valdes no formaron un comité de allegados? Porque están profundamente desilusionados de ellos, porque estos dilatan infinitamente el problema de la vivienda, haciéndolos reunir dinero para postular y, si es que hay soluciones, alejándolos varios kilómetros de sus lugares de origen, perdiendo sus redes que han armado por décadas junto a familiares y vecinos para enfrentar el vacío de escuelas, jardines, lugares de salud, servicios básicos, entre otros.
¿Cómo ha respondido el viejo estado? Con violencia y más violencia, pero no solo a través de la policía:
Según la Cámara Chilena de la Construcción, el déficit habitacional en Chile golpea a 2.200.000 habitantes del país al año 2017, necesitándose ya en esa fecha 740.000 viviendas nuevas. Según la definición, el déficit habitacional es la cantidad de viviendas nuevas que se necesitan para reemplazar las viviendas que no pueden ser habitadas y también para las familias allegadas, las que viven en hacinamiento.
El problema es para los “sin techo”, pero también para muchos de los “con techo”. En un reciente artículo del diario electrónico Ciper, titulado “por qué las malas políticas de vivienda social son un problema de salud pública”, los investigadores dan cuenta que alrededor de 1.000.000 de pobladores “con techo” (al año 2005) sufren problemas sociales derivados de asuntos urbanos tales como barrios con pocos servicios en una ciudad expandida en el territorio y muy segregada, además de los déficit en la materialidad de la construcción (recuérdese el caso Copeva), afectando principalmente a niños, mujeres, ancianos y enfermos.
Tal como la mayoría del país ha expresado, este Estado violenta permanentemente al pueblo, incluyendo todo lo asociado a la vivienda y el barrio, repercutiendo esto en problemas de salud física, mental y muertes a temprana edad. Dichas políticas de vivienda social se transforman también en problemas de salud pública, siendo igual de deficiente que la otra.
Si bien en Chile el déficit numérico de viviendas ha disminuido con el pasar de las décadas, esto ha sido en base a que el Estado subsidia, con los impuestos pagados por el pueblo, proyectos inmobiliarios. Sin embargo, las masas populares denuncian que no son viviendas dignas y por eso se alzan en una justa lucha por ella.
Veamos algunos de los datos entregados en el artículo citado, que reflejan la violencia cotidiana con la que el Estado actúa frente a la urgente necesidad de vivienda:
“Al 2013 un 65% de los departamentos de vivienda social en el país tenían una superficie menor al mínimo establecido por los estándares actuales (55 m²) (…) Un 55% de las familias señala que la falta de espacio no les permite realizar celebraciones y el 49% refiere dificultades para sostener una conversación privada al interior de la vivienda. Existe evidencia científica de que el hacinamiento se asocia a mayores tasas de depresión, ansiedad y menor rendimiento escolar”.
“…Quien vive en la periferia paga no sólo con su tiempo libre los largos tiempos de traslado, sino también con menor duración y regularidad del sueño y un mayor riesgo de depresión. Adicionalmente, estas distancias obligan a viajes motorizados sedentarios, y dificultan el transporte activo -bicicleta o caminata-, protectores para la salud, asociándose por ejemplo a menor riesgo de hipertensión, diabetes tipo II y mortalidad prematura”.
En síntesis, la política habitacional estatal es un rotundo fracaso. No acaba el hacinamiento, no acaba el allegamiento, no acaba el narcotráfico, no acaba la aridez, no acaba con el rompimiento de redes sociales. En cambio, los proyectos populares y comunitarios desean terrenos de tamaño adecuado para cada familia, con amplias áreas verdes, espacios comunitarios, libres del narcotráfico, con buenas relaciones entre familiares y amigos, con materiales dignos para la clase obrera y los trabajadores.
Los pobladores de la Toma Macarena Valdés son parte de esta lucha, y porque su lucha es justa, sufrirán reveses, pero su persistencia arrancara el anhelo de tierra para que sus hijos crezcan felices en su propio hogar.