Hoy en día, cualquier persona que decida salir a la calle a protestar es potencialmente un prisionero o prisionera política, pudiendo quedar en prisión preventiva, haya o no cometido algún delito. La prisión política es un mecanismo que tienen los Estados para reprimir el derecho a rebelión de los pueblos. En Chile, según los datos de la Fiscalía, a octubre de 2020 había 648 personas en prisión preventiva por delitos cometidos en el contexto de las protestas populares iniciadas el 18 de octubre de 2019. Por ello hoy se levanta con tanta fuerza la demanda por la libertad de todos los prisioneros(as) políticos(as), no sólo de la revuelta popular, sino también los presos políticos de luchas anteriores y los presos políticos mapuche.
Por Victoria Flores, para Periódico El Pueblo, edición impresa nro. 93
Aunque las autoridades se llenan la boca con que “en nuestro país no existe la prisión política”, la realidad es que sí la hay. Desde que existe un Estado y, por tanto, desde que unas clases oprimen a otras, existe la rebelión de los oprimidos y la prisión política de éstos. En nuestro país hoy día vuelve a resonar con fuerza la demanda por la libertad de los presos y presas políticos(as), gracias a la lucha que han dado sus familiares, amigos y simpatizantes desde el inicio de la rebelión popular del 18 de octubre de 2019.
Pero, ¿por qué decimos que son prisioneros(as) políticos(as)?
En principio, porque todos están privados de libertad a causa de haberse manifestado de una u otra manera en contra de las políticas de este Estado, que aplastan y oprimen al pueblo, el que ha arrebatado derechos y garantías mínimas para desarrollar una vida digna. Ante ello en forma creciente se han levantado protestas por pensiones dignas, por acceso a salud de calidad, por el derecho a la educación, por la autodeterminación del pueblo mapuche, por la defensa de la tierra, del agua, del salario y trabajo, entre otras que han confluido en un gran torbellino desde octubre de 2019.
Además, el carácter de prisión política se ha visto reforzado por cómo actúan todos los organismos que participan de la implementación de la “justicia” y las leyes, es decir, el Estado. Por ejemplo, cuando en los procesos participa como querellante la Intendencia, que es representante del Ministerio del Interior, solicitando condenas más altas que la Fiscalía, que supuestamente es el ente que investiga los hechos imparcialmente.
También la propia Fiscalía busca que se apliquen penas más altas cuando se trata de hechos cometidos en manifestaciones, que cuando se formaliza por delitos comunes. Esto es más grosero aún cuando quienes cometen delitos son policías, ya que las penas solicitadas son más bajas.
Los Tribunales también aplican criterio político cuando se trata de juzgar a los procesados por protestas. Así, en lugar de aplicarse el principio de presunción de inocencia y ser la Fiscalía quien debe acreditar los hechos en contra del acusado, en la práctica es la defensa del acusado quien tiene que acreditar que es inocente. Estos mismos Tribunales le otorgan un gran valor como prueba a declaraciones de Carabineros, videos imprecisos e incluso grabaciones y pruebas obtenidas por medio de infiltración policial a cargo de OS-9 (unidad de Investigación de Organizaciones Criminales), quienes actúan instigando a los manifestantes para que cometan hechos por los que después son formalizados y condenados.
Asimismo, los tribunales superiores (cortes de apelaciones y Corte Suprema) rechazan sistemáticamente los recursos de nulidad, aceptando e inclusive avalando aberraciones jurídicas, tales como el caso de Facundo Jones Huala, donde la Corte Suprema, de manera abiertamente ilegal, le negó la libertad condicional, aunque él cumplía con todos los requisitos para optar a este beneficio consagrado en la ley.
Es decir, Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público (Fiscalía), Tribunales, Corte de Apelaciones, todos en conjunto vulneran garantías tales como el debido proceso, consagradas en sus propias leyes y Constitución, a fin de castigar y reprimir la protesta social y política.
La prisión preventiva como castigo anticipado
Hoy en día, el principal mecanismo para ejercer la prisión política es la prisión preventiva, una medida cautelar que decreta el Juzgado de Garantía antes de que una persona sea enjuiciada, es decir, antes que se acredite si es culpable o inocente del delito que se le imputa. De acuerdo al derecho burgués, a los imputados les asiste la “presunción de inocencia”, sin embargo, en la práctica, los Tribunales aplican la presunción de culpabilidad: los imputados e imputadas transcurren gran parte del tiempo que dura la investigación de su causa, privados de libertad. Estas investigaciones pueden durar hasta dos años antes de comenzar el juicio, para que recién después, en un juicio oral, se establezca su inocencia o culpabilidad, actuando la prisión preventiva como una pena anticipada.
En la práctica la prisión preventiva opera como una forma de aplastar las organizaciones, quebrar la moral de los y las hijos del pueblo con mayor disposición a combatir y, en definitiva, para reprimir y frenar la protesta popular.
Según las cifras de la propia Fiscalía, a octubre de 2020 se han formalizado a un total de 5.084 personas por delitos supuestamente cometidos en el contexto de las protestas. De ellos, 648 se encontrarían en prisión preventiva, mientras que otros 725 ya habrían sido condenados. En la actualidad, las organizaciones de apoyo a presos políticos estiman que esta cifra podría ser aún mayor.
Pese a las cifras oficiales señaladas por la Fiscalía, la representante del poder judicial, Gloria Ana Chevesich, salió recientemente a limpiar la imagen de este podrido aparato, señalando que sólo 26 personas se encontrarían en prisión preventiva, buscando negar la existencia de prisión política en Chile. Asimismo han repetido a coro senadores y diputados de todos los sectores junto a personeros de este gobierno asesino: “en Chile no existe la prisión política”.
La valiente lucha de los familiares de presos políticos
Cristian Zenteno Guerrero es padre de Jesús Zenteno Guiñez, quien se encuentra preso desde el 15 de noviembre de 2019 en el penal Santiago Uno. Él nos dice “el mito de que no son presos políticos lo crea el Estado, ellos nunca han querido reconocerlo. Creo que Jesús es prisionero político porque él no fue a Plaza de la Dignidad a divertirse ni a fumarse un pito, ni a tomarse una selfie. Él fue a luchar desde su convicción, él tiene su convicción más que clara, de que la vida es injusta.”
Muriel es compañera de Cristian Sanhueza, quien cayó preso junto a su hermano Rodrigo, ambos imputados por la Ley de Control de Armas. Ellos estuvieron 4 meses y medio en prisión preventiva en Santiago Uno. Ella nos dice que “con el estallido social se incrementó la prisión política, porque el gobierno se sigue querellando contra las personas que se manifiestan, están coartando la libertad de expresión y eso hace que consideramos que sea una prisión política el encarcelarlos por expresarse contra el sistema”.
Así como Cristian y Muriel, existen decenas de familiares de prisioneros(as) políticos(as) que han buscado organizarse desde el inicio de la revuelta popular en octubre de 2019, en un principio sin saber dónde acudir, sin encontrar respuesta en las instituciones del viejo Estado. Fruto de la gran cantidad de presos, en enero de 2020 se creó la OFAPP, Organización de Familiares y Amigxs de los Presxs Políticxs, a la par de la Coordinadora por la Libertad de los Prisionerxs Políticxs 18 de Octubre, desarrollando un trabajo de acompañamiento de las familias, buscando resolver necesidades inmediatas de los familiares, como también agitación y propaganda por la libertad de los(as) presos(as) e impulsando protesta callejera.
Tatiana, participante de la Coordinadora, nos dice “La Coordinadora nace en el contexto de la revuelta, conformada por los presos políticos de la revuelta, coordinación de personas de distintos lados, distintas organizaciones, sindicatos, personas por su cuenta, de asambleas territoriales. Las primeras asambleas eran bastante masivas, porque es un espacio amplio. Durante el primer período se preocupó de las necesidades más concretas de los presos y sus familias, entregando encomiendas y mercadería, además de las campañas de difusión. A partir de marzo de 2020 se busca salir más a la calle, reenfocándose en lo político y en la lucha. Y a partir de ahí no ha parado, ni siquiera con la pandemia”.
De familiares a activistas de los presos
Cuando se trata de apoyo a los presos políticos, los familiares de los Presos Políticos Mapuche son un ejemplo de fortaleza y dignidad, por su larga tradición y conquistas alcanzadas dentro de la cárcel. Pero en la ciudad, el llegar a ser lo que son hoy día, no ha sido un camino fácil para los familiares de los presos de la Revuelta.
Cristian, el papá de Jesús Zenteno nos cuenta que “uno cuando llega, llega asustado, como un pollito, sin saber de dónde afirmarse. Yo me afirmé en la Coordinadora 18 de Octubre y con ellos llevamos una lucha constante en todos los lugares posibles, cárceles, tribunales, La Moneda, Corte de Apelaciones y por supuesto que uno va entendiendo y va creciendo, y uno está obligado a hacerlo”.
Tatiana piensa que, en definitiva, han llegado a convertirse en activistas: “en un principio las mamás eran como fantasmas, totalmente destruidas por la situación reciente de tener a su hijo preso, al punto de no poder hablar en las asambleas porque se quebraban en llanto, estaban sufriendo realmente, mucho. ¡Y hoy día tú las ves y son activistas! andan en la calle, se enfrentan a los pacos, donde están agarran un megáfono y se ponen a hablar, graban cápsulas, graban videos. Es una sensación de que hemos avanzado a que como familia sean activistas de sus presos, basado en la experiencia de Brasil, en la mamá de Igor Mendes, un preso brasileño”.
El oportunismo electorero del Proyecto de Ley de Indulto General
Pese a que los familiares de los presos políticos de la Revuelta vienen exigiendo su libertad desde principios de 2020, no fue sino después del Plebiscito del 25 de octubre cuando diputados y senadores del PC, Frente Amplio y la ex Concertación comenzaron a impulsar un proyecto de Ley de Indulto General para los presos en el contexto del estallido social.
Sin embargo, en este proyecto de ley no se encuentra plasmada íntegramente la demanda que levantan los presos, ni tampoco la mayoría de sus familiares. Así, este proyecto considera únicamente a los prisioneros posteriores a la rebelión del 18 de Octubre, dejando fuera a todos aquellos que fueron detenidos o condenados con anterioridad, como por ejemplo el comandante Ramiro, los presos políticos Mapuche, entre tantos otros.
Según la opinión de Muriel “sentimos que el Plebiscito cambió la ayuda de estas personas, que dicen ser afines de la prisión política, hemos visto que hay muchas organizaciones que están utilizando la prisión política para ganar votos, para sentirse parte del pueblo, para decir que ´estamos en apoyo´ pero sabemos que tienen su doble intención. Creo que tiene un fin electoral, estamos en contra de que se manipule políticamente”.
La OFAPP, por su parte, ha planteado claramente que su demanda es por la Amnistía sin condiciones para los presos políticos de la Revuelta, lo que implica abarcar a todos los presos, sin importar si se encuentran en prisión preventiva, o ya han sido condenados; y sin importar el delito que se les impute. Ellos ven claramente en el proyecto un oportunismo electorero de los parlamentarios que lo impulsaron.
La abogada de presos políticos mapuche, Daniela Sierra, señala que “jurídicamente hay una confusión en el proyecto de indulto, porque mezcla características de amnistía e indulto. ¿Por qué? Porque la amnistía es posible aplicarla en condenados y procesados. En cambio, el indulto es sólo para condenados, aunque en el proyecto busca aplicarse en ambos casos. Pero más allá de eso, lo principal jurídicamente es que deja fuera los delitos contra la vida, o sea, quedan fuera todos los procesados por homicidio frustrado. Y justamente cuando los hechos los comete alguien que está desarrollando protesta y comete algún acto contra un funcionario policial, la Fiscalía formaliza por homicidio frustrado. Pero en cambio, cuando las mismas descripciones fácticas son cometidas por la policía, ahí según el Ministerio Público son solamente delito de lesiones, o simplemente no son delito. Eso lo vimos claramente con la condena del carabinero que le disparó a Brandon Hernández Huentecol, que fue condenado por el delito de lesiones y no por homicidio frustrado”.
En cuanto a lo que le falta al proyecto de Indulto, Muriel coincide con la opinión de la abogada y nos señala que “personalmente, encuentro que no considera a todos los presos políticos, deberían incluirse más delitos, además que no esté cerrada su aplicación entre el 7 de octubre de 2019 y la fecha de presentación del proyecto, sino hasta su promulgación y también deberíamos exigir que se cambien inmediatamente las medidas cautelares de los presos que están en prisión preventiva”.
Cristián Zenteno por su parte, nos dice que “la mesa técnica llegó con la idea de que un indulto era más factible que fuera aceptado que una amnistía, y nos presentaron eso con presión, al principio nos dijeron que ´esto es lo que hay, y el que no quiere se puede retirar´, presionando para que aceptáramos sí o sí. Nosotros como organización conversamos entre nosotros y les pedimos tiempo para hacer las consultas necesarias a algunos abogados, informar a los presos políticos y tomar una decisión que se asemeje a lo que quieren ellos, los presos. Y también algo que fuera justo, donde pudieran salir todos, porque el borrador que nos estaban presentando realmente era pobre. Entonces, exigimos varios puntos que faltaban para que se pareciera el proyecto de ley de indulto a la amnistía, para que pudieran salir todos los presos políticos. Las leyes están hechas para reducir al pueblo, ellos pueden aplastar a las personas con todo ese aparato que tienen que son las leyes”.
Una batalla que recién comienza
La lucha por la libertad de los presos y presas políticos(as), no es nueva y está lejos de acabarse. Por el contrario, cada semana siguen cayendo en prisión preventiva jóvenes acusados de -por ejemplo- encender una barricada, cuestión que gracias a una ley aprobada unánimemente por el parlamento (incluido el Frente Amplio) hoy es un delito grave.
Es por ello que es deber de los revolucionarios y revolucionarias impulsar la lucha por su libertad, tanto de los presos de la Revuelta como también aquellos anteriores y los presos políticos mapuche, que nos dan lecciones de dignidad y lucha dentro de la cárcel. Por cada uno de ellos que cae, miles se levantan y se seguirán levantando por su libertad.
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