Por
PALOMA POLOMiembro – Comité Internacional de Coordinación
Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos (ILPS)
El pasado 1 de septiembre de 2015
Emerito Samarca fue degollado y asesinado a puñaladas por un grupo
paramilitar conocido como Milicia Magahat-Bagani / Marcos Bocales.
Samarca era el director de ALCADEV, un centro de aprendizaje
alternativo para el desarrollo de la agricultura y sustento de las
comunidades indígenas (Alternative Learning
Center for Agricultural and Livelihood Development -ALCADEV),
establecido por las comunidades indígenas Lumads.
Esta escuela imparte clases de
educación secundaria a jóvenes de varias etnias indígenas (Manobo,
Higaonon, Banwaon, Talaandig y Mamanwa) que habitan las montañas de
Surigao. El cadáver de Samarca fue hallado en una de las aulas del
complejo escolar ALCADEV, que se encuentra en la localidad Han-ayan,
Barangay Diatagon, Lianga, Surigao del Sur, en la isla de Mindanao,
Filipinas.
Dos días antes del asesinato de
Emerito Samarca, unos 40 miembros del 36 Batallón de Infantería y
el 75 Batallón de Infantería del Ejército de Filipinas, el Primer
Regimiento de Fuerzas Especiales y los grupos paramilitares
Magahat-Magani / Marcos Bocales habían ocupado y patrullado toda el
área, incluyendo el complejo escolar ALCADEV, la localidad Han-ayan
y otra escuela dirigida por el Programa Tribal Filipino de Surigao
del Sur (Tribal Filipino Program of Surigao del Sur, TRIFPSS).
Posteriormente, la milicia Magahat-Magani / Marcos Bocales,
esponsorizada por fuerzas del Estado según el testimonio de testigos
e informes de Karapatan (organización de defensa de los derechos
humanos), amenazó al personal, a los alumnos de la escuela y a los
miembros de la comunidad con matarlos si no abandonaban la zona en
dos días.
El 31 de agosto de 2015, la mayor parte
del personal de ALCADEV, así como los residentes de Han-ayan,
abandonaron el pueblo aterrorizados, estableciéndose en una aldea en
el kilómetro 16. Esa misma noche, miembros de la milicia
Magahat-Magani llevaron a cabo una redada en la aldea del kilómetro
16, confiscando los móviles y cámaras de los residentes y
forzándoles a retirarse al centro local de la comunidad.
Después de la redada, aproximadamente
a las 4 de la mañana del 1 de septiembre, la hora en la que se
estima que Samarca fue asesinado, muchos de aquellos que habían
huido de Han-ayan presenciaron el asesinato de Dionel Campos,
presidente de Malahutayong Pakigbisog Alang Sa Sumusunod (MAPASU),
una organización que hace campaña contra la explotación minera a
gran escala en Surigao del Sur y que representa a las comunidades
indígenas. Su primo Bello Sinzo fue también asesinado: miembros de
la milicia Magahat-Magani lo ejecutaron frente a cientos de
residentes en la aldea del kilómetro 16.
A día de hoy (6 de Noviembre de 2015)
continúan las operaciones militares y las misiones de las Fuerzas
Especiales, que van acompañadas por fuerzas armadas paramilitares,
en estas áreas de montaña y en las comunidades que se han visto
forzadas a evacuar. Los responsables de las masacres, Loloy Tejero,
Garito Layno, Bobby Tejero, Marcial Belandres, Marcos Bocales, Calpet
Egua, Hasmin Acevedo y sus unidades/tropas se pasean con libertad e
impunidad por las comunidades afectadas. Algunos de ellos se suman a
operaciones militares en las montañas o permanecen en campamentos
militares. Siguen llegando noticias de incendios provocados de casas,
cooperativas, escuelas, propiedades y cultivos en las áreas que han
sido evacuadas a la fuerza.
Nueve de cada diez niños de las
comunidades indígenas Lumad no tienen acceso a la educación. Aun
así, el gobierno de Filipinas ha ordenado el cierre de tres
complejos escolares Lumad en esta área, afectando así a más de
1000 estudiantes.
Los asesinatos arriba detallados y sus
circunstancias son paradigmáticos de la violencia de Estado que
sufren las comunidades indígenas en Filipinas casi cotidianamente,
especialmente en la isla de Mindanao. Otra masacre reciente tuvo
lugar el 18 de agosto de 2015, cuando tropas del ejército
pertenecientes al Primer Batallón de Fuerzas Especiales asesinaron a
cinco miembros de la Asociación de Agricultores Manobo (grupo
étnico) (Manobo Farmers Association), una asociación de campesinos
Lumad en el área.
Hay pruebas de las masacres recientes
en Lianga y en otras partes de Surigao: han salido a la luz numerosos
informes, fotografías y testimonios (recogidos por Karapatan, Rural
Missionaries of the Philippines, Save our Schools Network o Human
Rights Watch, y difundidos en plataformas digitales como Bulatlat,
Kilab Multimedia, Tudla Productions, Altermydia y Rappler, entre
otros). También se ha probado que los criminales que perpetraron
estas masacres lo hicieron al amparo de, y protegidos e instigados
por poderosos agentes del Estado filipino: durante la audiencia del
Senado que tuvo lugar el pasado 1 y 2 de octubre de 2015, en la que
se reunieron el Comité de Justicia y Derechos Humanos y el Comité
de Comunidades Culturales, dirigidos por el Senador Teosfito Guingona
II y por el Senador Aquilino Pimentel III en la ciudad de Tandag,
quedó demostrado que las Fuerzas Armadas de Filipinas organizaron,
armaron y acompañaron a las milicias armadas y grupos paramilitares
o bandidos criminales. Las víctimas de los hechos, así como también
personalidades de la Iglesia y oficiales del gobierno de Surigao del
Sur, atestiguaron los hechos arriba narrados.
En los comunicados de las Fuerzas
Armadas de Filipinas se alega que las comunidades, escuelas,
organizaciones e individuos que han sido objetivo de las campañas
militares descritas apoyan al Nuevo Ejército del Pueblo (New
People’s Army, NPA), la llamada insurgencia comunista, justificando
de este modo que estas comunidades sean el blanco de sus operaciones.
Este tipo de argumentos son utilizados por las fuerzas militares para
justificar sus ataques a civiles, escuelas y comunidades enteras. El
comunicado del Senador Guingona es muy claro al respecto: la
ideología no constituye una base para justificar asesinatos
sumarios, desplazamientos o amenazas a cualquier persona.
Según informes de la organización de
defensa de los derechos humano, Karapatan, desde junio de 2010 hasta
el 30 de septiembre de 2015 se han cometido 294 asesinatos
extrajudiciales y 318 asesinatos frustrados; 27 personas han
desaparecido; 172 personas han sido víctimas de tortura; 6 personas
han sido víctimas de violaciones sexuales; 555 personas han sido
víctimas de asalto físico y lesiones ; se han llevado a cabo 911
arrestos y detenciones ilegales, principalmente por cargos
fabricados; más de 65.000 personas han sido forzadas a evacuar
debido a operaciones militares; se han cometido 15 masacres (49
individuos asesinados en Montalban-Rizal, Labo-Camarines Norte,
Libmanan y Caramoan -Camarines Sur, Daraga - Albay, Mobo-Masbate,
Uson-Masbate, Kananga-Leyte, Tagaloan-Misamis Oriental,
Pangantukan-Bukidnon, Lianga-Suriago del Sur, Paquibato Distric-Davao
City y Kiblawan-Davao del Sur) y muchas otras violaciones de los
derechos humanos. Solamente entre agosto de 2015 y el 1 de septiembre
de 2015 Karapatan ha registrado 16 víctimas de asesinatos
políticos.[i]
Actualmente hay 537 prisioneros
políticos en Filipinas, cuyo encarcelamiento se ha llevado a cabo
mediante el uso de instrumentos fraudulentos, tales como la
formulación de falsos cargos; órdenes judiciales deficientes;
falsos testimonios; testigos sobornados por las fuerzas militares; la
colocación ilícita de pruebas falsas para justificar la formulación
de cargos que no admiten libertad bajo fianza y la flagrante
distorsión de la ley vigente.
Ni uno solo de los perpetradores de
estos asesinatos o violaciones de los derechos humanos ha sido
condenado. Al contrario: los militares responsables de estas
operaciones suelen ser promocionados, especialmente en Mindanao,
cuyas vastas tierras prometen gran riqueza de recursos minerales y
plantaciones fértiles.
La tendencia indica que la realidad
sobre el terreno continúa deteriorándose significativamente en
lugar de mejorar, mientras el Gobierno acelera su carrera
desenfrenada por implementar su programa de contrainsurgencia, Oplan
Bayanihan (Cooperative Effort), que hunde sus raíces en el
estratégico Oplan Bantay Laya (Freedom Watch), establecido durante
el régimen de Gloria Arroyo (2000-2010). Este programa ha sido
identificado como la causa de continuadas violaciones del derecho a
la vida, cometidas principalmente por las fuerzas de seguridad del
estado: policía, militar, paramilitar y todos aquellos bajo la
supervisión de éstas.
El gobierno de los Estados Unidos
colabora directamente con el filipino en su programa de
contrainsurgencia aportando financiación, doctrina y dirección
táctica. Así mismo, hay unidades de las Fuerzas Especiales de los
Estados Unidos (US Special Forces) establecidas discretamente en
ciertos enclaves de Mindanao que han participado en operaciones de
inteligencia y ataque mediante el uso de drones y otros dispositivos
de alta tecnología.
La política de contrainsurgencia tiene
un nivel de alcance muy amplio. Además de las actividades conjuntas
de las Fuerzas Armadas de Filipinas y sus distintos grupos
paramilitares, que operan con aparente independencia bajo la guisa de
“guerreros tribales”, “organizaciones civiles voluntarias” y
“guardias de seguridad privada”, este programa también incluye
actividades que, en apariencia, son de carácter de civil. Las
desarrollan e implementan, entre otras, las siguientes
agencias: The Office of the Presidential Adviser on the Peace Process
– OPAPP (la Oficina del Asesor Presidencial sobre el Proceso de
Paz); The Department of Social Welfare and Development – DSWD (el
Departamento de Asistencia Social y Desarrollo), y The Department of
the Interior and Local Government – DILG (Departamento del Interior
y del Gobierno Local), así como algunas ONGs financiadas por grandes
corporaciones y agencias imperialistas. Los programas y proyectos que
estas y otras agencias ponen en marcha se presentan como acciones
para “la paz y el desarrollo”, pero en realidad se trata de
acciones cuya finalidad es el control social y político y el cambio
de conductas de aquéllos individuos y comunidades “incómodos”
para el gobierno, lo que se conoce como guerra psicológica.
En su informe de 2007 para el Consejo
Nacional de Derechos Humanos, el entonces Relator Especial sobre las
ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, el Profesor
Philip Alston, identificó las causas de los asesinatos
extrajudiciales en Filipinas: el “vilipendio”, “etiquetado” o
la culpabilidad por asociación. Alston también documentó el grado
en el que el programa gubernamental de contrainsurgencia ha impactado
en el derecho político y civil de las personas. [ii]
Las observaciones de Alston se
confirman en las afirmaciones realizadas por el General Avelino Razon
(Jefe de la Policía Nacional de Filipinas en 2007) en el curso de la
investigación conducida por la Comisión Melo[iii], en la que
subscribió las declaraciones del General Palparan: “organizaciones
como Karapatan o Bayan Muna[iv] son “frentes” del Partido
Comunista y su grupo armado.”. Esta declaración fue confirmada
también por el Jefe de las Fuerzas Armadas de Filipinas, el Teniente
General Noel Coballes, en su comunicado del 12 de Julio de 2013 en el
que define a Karapatan y al grupo legal National Union of Peoples
Lawyers como enemigos de las fuerzas militares. Los actos y
declaraciones de la policía y los militares perpetradores en los
casos arriba mencionados, son pruebas del tipo de acusaciones
arbitrarias que se dirigen contra civiles, activistas y defensores de
los derechos humanos.
Este proceder continúa estando muy
arraigado en las instituciones políticas y militares. Las causas han
sido identificadas, pero no hay ningún progreso significativo ni
concreto que prevenga o detenga estos asesinatos, o que garantice la
asunción de responsabilidades. Al contrario, este fenómeno se
extiende y perpetúa.
Así, los asesinatos selectivos, las
desapariciones y los ataques contra activistas políticos y
defensores de los derechos humanos continúan con impunidad, a pesar
de que el gobierno de Filipinas garantizó, durante el Examen
Periódico Universal de las Naciones Unidas en 2012, que tomaría
“firmes medidas para abordar el problema de los asesinatos
extrajudiciales y las desapariciones forzadas”. Pese a esto, la
violencia de estado ha continuado sin cesar durante la administración
del Presidente Benigno Simeon “Noynoy” Aquino III (Desde 2010 al
momento actual ).
En este Examen Periódico Universal de
las Naciones Unidas de 2012 se evaluó la actuación e historial del
gobierno de Filipinas en materia de derechos humanos. Varias misiones
extranjeras reclamaron el desmantelamiento inmediato de grupos
paramilitares, tales como CAFGU, SCAA, CVO, así como la derogación
del Executive Order 546 (Decreto Ejecutivo 546). Este decreto
legitima el uso de grupos paramilitares civiles como fuerzas
multiplicadoras para combatir los supuestos grupos rebeldes, dando
vía libre a que los grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas de
Filipinas cometan crímenes con total impunidad, y asegurando así
que los intereses de grandes corporaciones extranjeras, como
plantaciones agroindustriales y compañías transnacionales mineras,
sean protegidos.
El Parlamento Europeo aprobó una
resolución similar en mayo de 2012, y los Relatores Especiales de
las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos y
los Asesinatos Extrajudiciales presentaron una declaración parecida
en julio de 2012. El Gobierno de Filipinas rechazó esta
recomendación y mantuvo la vigencia del Decreto Ejecutivo 546. De
hecho, en el presupuesto nacional de 2015 se destinaron 2 billones de
pesos filipinos a la financiación de grupos paramilitares. A esta
cantidad habría que añadir las compensaciones, beneficios y
gratificaciones económicas que las compañías mineras y las
unidades locales de gobierno destinan para la financiación y control
de estos grupos, como quedó probado durante las investigaciones in
situ conducidas por el Congreso sobre el asesinato de la activista
anti-minería Juvy Capion y de sus dos hijos.
A día de hoy no hay signos de que el
terrorismo de estado en Filipinas vaya a parar. Al contrario,
recientes acuerdos como el TPPA (Trans Pacific Partnership Agreement)
o el EDCA (Enhanced Defense Cooperation Agreement), ambos promovidos
por los Estados Unidos, apuntan a que Filipinas avanza en la
dirección de convertirse en un enclave estratégico militar para los
Estados Unidos en el Sudeste Asiático.
En concreto el EDCA – Enhanced
Defense Cooperation Agreement (Acuerdo de Cooperación Reforzada en
Materia de Defensa), firmado por Aquino y Obama en abril de 2014,
elude la proscripción de bases y tropas militares extranjeras
establecida en la constitución Filipina para permitir que Estados
Unidos incremente la llamada presencia rotativa de sus tropas y
construya bases militares bajo la forma de instalaciones temporales
autorizadas en áreas de las fuerzas armadas de Filipinas.
El gobierno de Aquino presenta el EDCA
como un gran avance en la guerra contra el terrorismo, también
instigada por Estados Unidos, y como un instrumento para consolidar
el eje estadounidense en el Sudeste Asiático, ya que E.E.U.U.
proyecta desplegar el 60% de sus fuerzas navales y el 50% de sus
fuerzas terrestres y aéreas en la región.
Tanto las autoridades filipinas como
las estadounidenses promocionan el EDCA como una herramienta para
reequilibrar la fuerza militar estadounidense respecto a China, y
como el instrumento para contrarrestar la amenaza que supone China
para algunos países vecinos y que mantendrá el mar del Sur de China
abierto a la navegación internacional y al comercio.
Han pasado casi 30 años desde que el
dictador Ferdinand Marcos fue derrocado. Sin embargo, todos los
regímenes de la era post-dictatorial, incluyendo el actual,
mantienen muchos elementos de la dictadura en Filipinas, desde la
presidencia de Corazon Aquino (1986-1992) y la de Fidel V. Ramos
(1992-1998) hasta el régimen posterior de Joseph Estrada, Gloria
Macapagal Arroyo y Benigno Aquino III. Estos elementos son, entre
otros, el mantenimiento de una sociedad semi-colonial y semi-feudal,
dominada por los Estados Unidos a la cabeza de otros poderes
imperialistas y por grandes empresarios, terratenientes y burócratas
capitalistas locales; un estado autoritario controlado por las clases
dominantes cuyo núcleo son unas fuerzas armadas indoctrinadas por
Estados Unidos; y la supresión de los derechos de los trabajadores,
campesinos, mujeres, la juventud y las comunidades indígenas, a
pesar de que procesos democráticos formales son reconocidos.
Al igual que durante las legislaturas
que sucedieron a Marcos, el programa de contrainsurgencia de Aquino,
así como la intensificación de la militarización, sirve a los
intereses de poderes imperialistas, a las grandes corporaciones y a
los terratenientes, que despliegan operaciones mineras, madereras y
agroindustriales a gran escala con la voluntad de saquear los ricos
recursos del país, incluyendo los que conservan las comunidades
indígenas en sus tierras ancestrales. El propósito de esta política
no es únicamente erradicar la resistencia armada liderada por el
Partido Comunista de Filipinas (Communist Party of the Philippines –
CPP) y el Nuevo Ejército del Pueblo (New People’s Army – NPA):
su objetivo es la represión política, así como acabar con las
formas de resistencia frente a las actividades del sector corporativo
y financiero que están mermando los recursos naturales del país.
Esto lo demuestra el ataque sistemático a infraestructuras sociales
creadas por las comunidades indígenas Lumads, como más arriba se
expone.
“¡Salvad nuestras escuelas!, ¡Parad
las matanzas de Lumads!” son algunas de las consignas que
proclamaba el grupo de 700 indígenas procedentes de Mindanao el
pasado 26 de octubre de 2015 durante la calurosa acogida de
estudiantes y académicos de la Universidad de Filipinas Diliman en
Manila, donde permanecerán un mes para denunciar la violencia de
estado y la militarización de sus tierras.
Los datos que figuran en este artículo
provienen de las investigaciones e informes elaborados por Karapatan,
Filipinas y La Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos
(International League of Peoples’ Struggle – ILPS).
Información adicional se puede
solicitar en las siguientes direcciones:
Paloma Polo: palomapoloca@gmail.com
Cristina Palabay, Karapatan: karapatan@karapatan.org
International League of Peoples’ Struggle – ILPS : ilpschair@casema.nl
Paloma Polo: palomapoloca@gmail.com
Cristina Palabay, Karapatan: karapatan@karapatan.org
International League of Peoples’ Struggle – ILPS : ilpschair@casema.nl
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