Los detenidos por luchar durante el levantamiento popular del 2021 en Colombia se sienten abandonados por el actual gobierno que prometió liberarlos. Son varios hechos los que ilustran la difícil situación de ellos y sus familias, de ahí sus justas reclamaciones.
Los incumplimientos provocaron un descontento general. Y la pregunta que surge es, ¿por qué el Gobierno de Gustavo Petro no ha cumplido con las promesas de liberación, hechas en diferentes ocasiones? Es importante analizar los hechos de conjunto y en desarrollo para entender del por qué no ha podido darse la liberación de los detenidos.
Resumen de algunos casos, tomando como referencia los informes que han dado a conocer los mismos compañeros detenidos
La compañera Juliana Higuera realiza un buen resumen, ella es defensora de derechos humanos, fue judicializada por el paro nacional de 2021, es integrante de la campaña Objetivo Libertad, organización que acompaña y asesora en la mesa técnica al colectivo Jonathan Sabogal, que ha liderado cuatro huelgas de hambre en la cárcel de Palmira – Valle.
Primer caso: Desde el 23 de septiembre del 2022 ya con 14 meses de detenido en ese momento, Sergio Andrés Pastor, envió una carta en el que saluda al presidente, al Pacto Histórico y a los congresistas, y señala que «son solo un grupo de burócratas con enormes salarios», dice además que: «Quiero ser muy puntual con esto: ¿dónde está la palabra? ¿Dónde están las promesas? Se les olvida que la izquierda está en el poder gracias a los jóvenes y en parte al sacrificio de los integrantes de la PRIMERA LÍNEA NACIONAL. De los muertos, desaparecidos, torturados, exiliados, jóvenes y por último nosotros, los presos políticos». El 14 de diciembre el Gobierno manifestó a través del ministro Néstor Osuna, que Sergio Andrés Pastor, activista del Portal Resistencia en el Portal Américas en la localidad de Kennedy, «no será gestor de paz, condenado a 14 años de cárcel, por tortura no encarna a un promotor de la reconciliación». Por ello es justo el reclamo de Sergio en uno de los párrafos de su carta: «Sabemos que su prioridad está centrada en conseguir la paz total, pero se olvidan de nosotros, de los que salimos a las calles por el sometimiento de tantos gobiernos que nos han llevado a la desigualdad y ahora ustedes quieren negociar con narcotraficantes, grupos armados, bandas criminales y demás organizaciones delictivas, ¿y entonces? ¿nosotros en dónde quedamos? Dónde quedan grupo que sin armas y de manera pacífica combatió en las calles al ESMAD que dejó a tantos jóvenes sin ojos y sin sueños».
Segundo caso: A finales de 2022, poco después de asumir el mandato, el presidente Gustavo Petro dijo que cientos de jóvenes detenidos por las protestas serían «liberados antes de Noche Buena». Para ello estableció la figura de las vocerías de paz contemplada en la Ley 2272 de 2022, que tiene como objetivo establecer la política de paz como política de Estado e identificar como posibles voceros a integrantes de organizaciones sociales privados de la libertad. Antes de terminar 2022, el gobierno designó 17 voceros de Medellín, Bogotá, Popayán y Cali. Más tarde, en enero, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que tenían identificados 280 casos potenciales que cumplían con los criterios definidos. De las personas nombradas como voceras solo cuatro recuperaron su libertad por cuenta de esa figura. Ante esta iniciativa las instituciones del Estado burgués, dominadas principalmente por la burguesía mafiosa, salieron al paso y así la Corte Constitucional el 30 de noviembre del 2023, tras casi un año de la expedición de la ley del gobierno de Petro, anuló prácticamente dicha Ley, dejando de ser una opción para quienes enfrentan procesos judiciales asociados al levantamiento popular. A través de la sentencia C-525 de 2023, señaló que las personas privadas de la libertad no podrían salir de prisión con el objetivo de ser declaradas voceras de paz. Un día después del fallo de la Corte, el 1 de diciembre, el fiscal en ese momento, Francisco Barbosa, anunció la reactivación de las órdenes de captura contra las cuatro personas nombradas como voceras que habían recuperado su libertad y que son de Bogotá y Bucaramanga.
Tercer caso: Los incumplimientos con los acuerdos al colectivo Jonathan Sabogal. Este caso ilustra la lucha constante de los compañeros en la cárcel de Palmira, los cuales han tenido que realizar cuatro huelgas de hambre para ser escuchados. El malestar particular es porque la mesa de negociación con el gobierno no tiene continuidad y los acuerdos particulares quedan en promesas y su situación se deja en el olvido. Manifiestan que: «No entendemos cómo lo que llaman ‘prioridad’ lo dejan como tema relegado y caballito publicitario cuando se necesita. No entendemos que para poder entrar en un diálogo (que ahora dejan abandonado) hayamos tenido que pasar por tres huelgas de hambre en nuestras ya condiciones indignas y deplorables a los que nos vemos sometidos y sometidas», se lee en el comunicado emitido.
En la cuarta huelga de hambre hacen énfasis en varias problemáticas señaladas por los detenidos, como los encarcelamientos sin juicios justos, la persistencia del antiguo Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) y la impunidad ante acciones violentas por parte de individuos identificados como “paramilitares” contra los manifestantes (se refieren al caso del paraco Andrés Escobar). El cual sigue libre, aun con pruebas de videos disparando con pistola a los manifestantes durante el paro del 2021.
También informan los compañeros que la cuarta huelga se desarrolló del 1 al 9 de abril del presente año. Por parte del gobierno enviaron una comisión de funcionarios, acordando retomar la denominada Mesa del Estallido, un aporte para la paz y a la justicia social, y prometiendo reactivarla «en cabeza del ministerio de interior con participación permanente del ministerio de justicia y del ministerio de igualdad» y «que se adelanten todos los trámites y gestiones necesarias para cumplir con lo acordado el día de hoy».
Cuarto caso: sobre la muerte de 4 detenidos, aunque se hace referencia especial a Jeison Alejandro Losada por ser un preso político por luchar e integrante del colectivo Jonathan Sabogal. Jeison falleció el lunes 20 de mayo del 2024 debido a una intoxicación y aunque la Comisión Accidental que hace seguimiento a la situación de los jóvenes del levantamiento popular, solicitaron el traslado de Valentina Losada para que participara en el funeral de su hermano para darle la última despedida ya que ella se encuentra detenida en la cárcel de Jamundí, el traslado fue negado por que no había disponibilidad del personal del INPEC.
Unas conclusiones generales
- El denominado gobierno del cambio no tiene el poder del Estado, en el resumen presentado se puede apreciar como la burguesía —que sí tiene el poder— bloquea o anula todos los propósitos de contribuir a la liberación de los luchadores. La Corte Constitucional, la Fiscalía, el Congreso, la Procuraduría y hasta el mismo INPEC, se oponen a la libertad de los luchadores.
- Otro gran problema del gobierno es la conciliación con los enemigos del pueblo a través de su denominado acuerdo nacional, cuando la burguesía no deja pasar ninguna de las reformas, ni nada que signifique beneficiar al pueblo. Lo que pone en evidencia que el gobierno de Petro es débil por pretender conciliar los intereses de explotadores y explotados, de ricos y pobres. Quedando sus promesas en discursos demagógicos.
- Mas del 90% de los presos por luchar, están en libertad no por el Gobierno de Petro, sino por las mismas circunstancias de los procesos judiciales, ya que se han logrado revocatorias de las medidas de aseguramiento y vencimientos de términos. Pero esto no tiene que ver con ninguna labor del Gobierno nacional ni con algún logro que hayan generado. Lo que se ha recibido por parte del Gobierno se ha quedado únicamente en el discurso. Aunque narrativamente dice apoyar y ser de la Primera Línea, la realidad es que los compañeros luchadores continúan detenidos.
Las exigencias inmediatas al gobierno de Petro
- Aunque anuncian de manera reiterada la libertad de los presos, eso no es verdad. Además, no se trata únicamente de la libertad, sino del cierre de los procesos judiciales. Todos los luchadores continúan con los procesos abiertos y algunos ya enfrentan condenas, lo que no significa que sean culpables o que merezcan estar en la cárcel, sino que demuestra de manera férrea la criminalización de la protesta social.
- Que la mesa de dialogo no se quede en un mero formalismo, ya que no ha sido tratada con la prioridad que merece, entendiendo, por un lado, que es una mesa de carácter nacional, que tiene unas características trascendentales en relación con la criminalización y la represión a la protesta social.
- Que no sigan criminalizando a los luchadores, para que existan garantías reales para la protesta social y la defensa de derechos. Muestra de eso es que se sigue criminalizando, persiguiendo, reprimiendo y no ha habido ningún cambio al respecto.
- El desmonte del ESMAD, el cual continúa violentando y reprimiendo brutalmente a los movimientos y a los sectores populares. Solo le cambiaron el nombre.
Finalmente, desde el Revolución Obrera invitamos al pueblo luchador colombiano a impulsar una campaña de solidaridad con los presos por luchar
Dicha campaña tendría las siguientes actividades:
- Una denuncia permanente a través de los medios de comunicación alternativos, de los atropellos y vejaciones que se presenten contra los compañeros.
- Recolección de recursos mediante aportes solidarios de las diferentes organizaciones, elaboración de camisetas, elaboración de un folleto que recoja la memoria histórica de su lucha.
- Que en las Asambleas Populares se tenga como un punto prioritario la libertad inmediata de los presos por luchar.
Es importante que el pueblo vuelva a retomar su unión y lucha organizada, que mediante una plataforma de exigencias se organice en las Asambleas Populares con independencia de clase, del Estado y del gobierno, ya que es el pueblo el que tiene el poder, si se une y organiza para la lucha.
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