Multas y sanciones masivas persiguen a los movimientos sociales en Galicia
Activistas de A Coruña acumulan casi veinte propuestas de sanción
por participar en diferentes protestas y los afectados por las
preferentes denuncian una "campaña de acoso y derribo" contra las
plataformas a través de elevadas multas.
Todos ven la mano del PP y del Gobierno por detrás de las sanciones
Todos ven la mano del PP y del Gobierno por detrás de las sanciones
Miguel Pardo / El Diario
Manifestación en A Coruña contra la represión a los movimientos sociales / 15M MONTE ALTO
Más de un millar de personas participaron este
jueves en A Coruña en una manifestación de repulsa contra las diferentes
multas y amenazas de sanción que diversos ciudadanos están recibiendo
en las últimas semanas por participar en movilizaciones contra los
desahucios o los recortes. Bajo el lema 'Múltannos a nós para asustarte a
ti' (Nos multan a nosotros para asustarte a ti), cientos de personas,
acompañadas de representantes políticos, de movimientos sociales o de
colectivos de inmigrantes, recorrieron el centro de la ciudad para
rechazar lo que consideran una clara estrategia llevada a cabo por el
delegado del Gobierno, Samuel Juárez, de quien piden su dimisión.
Es una protesta más por las multas masivas que están recibiendo y que Stop Desahucios Coruña enmarca en una campaña destinada a "criminalizar los movimientos sociales", una opinión que comparten también muchas de las plataformas de afectados por las preferentes de Galicia que ven como, desde hace unos cuatro meses, un goteo constante de multas llena los buzones de los estafados de multas y propuestas de sanciones, especialmente de algún colectivo en particular y de algún portavoz que lleva tiempo siendo señalado desde los cargos políticos.
"El Ayuntamiento de A Coruña y la Subdelegación del Gobierno están mostrando como, desde unas instituciones que se suponen de todos, se persiguen las protestas y se criminalizan las demandas de la ciudadanía al tiempo que no se duda en seguir apoyando a los bancos y élites político-financieiras que se están beneficiando del actual drama social", denuncia Stop Desahucios Coruña, que señala al delegado del Gobierno como instigador de las sanciones acumuladas por los activistas.
En concreto, son ya 17 las personas que en A Coruña están bajo amenaza de sanción por haber participado en movilizaciones a favor del derecho a la vivienda o contra los recortes sociales del Gobierno del PP. Las cuatro últimas se añaden a las 13 conocidas hasta el momento y todas ellas acusadas por diferentes hechos supuestamente acontecidos en la paralización del desalojo de la anciana Aurelia Rey el pasado 18 de febrero, en una concentración ante la sede del PP el 9 de abril o en las diferentes movilizaciones por las expulsiones derivadas del proyecto del parque Ofimático.
Los motivos de las denuncias, llegadas de la Subdelegación del Gobierno, son comunes: dificultar su identificación -algo que Stop Desahucios califica de "totalmente falso" y que explica por la petición de los afectados a los agentes de la Policía para que también se identificaran-, "instigar a las masas a defender el derecho a la vivienda" (como en el caso de Aurelia Rey) o "una perversa interpretación del que supone la 'seguridad' ciudadana".
"Lo que realmente preocupa a nuestros gobernantes no es que estemos viviendo un retroceso en derechos humanos y sociales sin precedentes desde el inicio de la democracia, sino que lo que verdaderamente considera como 'problema' el gobierno del PP en el Ayuntamiento y en la Subdelegación es el hecho de que hagamos uso de nuestro derecho a la manifestación y libre expresión para denunciarlo y pronunciarnos en contra", insiste el colectivo.
Estas sanciones saltaron a la luz pública cuando el diputado del BNG Francisco Jorquera, junto con el portavoz municipal del Bloque, Xosé Manuel Carril; el de Esquerda Unida, César Santiso y el bombero que se negó a colaborar en el desalojo de Aurelia Rey, si enteraron por la prensa de las propuestas de sanciones, que pueden llegar hasta los 600 euros. Los ocho multados presentaron alegatos conjuntos y el portavoz nacionalista recordó que después de autoinculparse junto a otras personas y tras la elaboración de un informe policial, el caso fue dejado en nada por la Justicia. "Luego se modificó y se recurrió a la vía gubernativa para sancionarnos; esto nos retrotrae a épocas pasadas", había denunciado.
Es una protesta más por las multas masivas que están recibiendo y que Stop Desahucios Coruña enmarca en una campaña destinada a "criminalizar los movimientos sociales", una opinión que comparten también muchas de las plataformas de afectados por las preferentes de Galicia que ven como, desde hace unos cuatro meses, un goteo constante de multas llena los buzones de los estafados de multas y propuestas de sanciones, especialmente de algún colectivo en particular y de algún portavoz que lleva tiempo siendo señalado desde los cargos políticos.
"El Ayuntamiento de A Coruña y la Subdelegación del Gobierno están mostrando como, desde unas instituciones que se suponen de todos, se persiguen las protestas y se criminalizan las demandas de la ciudadanía al tiempo que no se duda en seguir apoyando a los bancos y élites político-financieiras que se están beneficiando del actual drama social", denuncia Stop Desahucios Coruña, que señala al delegado del Gobierno como instigador de las sanciones acumuladas por los activistas.
En concreto, son ya 17 las personas que en A Coruña están bajo amenaza de sanción por haber participado en movilizaciones a favor del derecho a la vivienda o contra los recortes sociales del Gobierno del PP. Las cuatro últimas se añaden a las 13 conocidas hasta el momento y todas ellas acusadas por diferentes hechos supuestamente acontecidos en la paralización del desalojo de la anciana Aurelia Rey el pasado 18 de febrero, en una concentración ante la sede del PP el 9 de abril o en las diferentes movilizaciones por las expulsiones derivadas del proyecto del parque Ofimático.
Los motivos de las denuncias, llegadas de la Subdelegación del Gobierno, son comunes: dificultar su identificación -algo que Stop Desahucios califica de "totalmente falso" y que explica por la petición de los afectados a los agentes de la Policía para que también se identificaran-, "instigar a las masas a defender el derecho a la vivienda" (como en el caso de Aurelia Rey) o "una perversa interpretación del que supone la 'seguridad' ciudadana".
"Lo que realmente preocupa a nuestros gobernantes no es que estemos viviendo un retroceso en derechos humanos y sociales sin precedentes desde el inicio de la democracia, sino que lo que verdaderamente considera como 'problema' el gobierno del PP en el Ayuntamiento y en la Subdelegación es el hecho de que hagamos uso de nuestro derecho a la manifestación y libre expresión para denunciarlo y pronunciarnos en contra", insiste el colectivo.
Estas sanciones saltaron a la luz pública cuando el diputado del BNG Francisco Jorquera, junto con el portavoz municipal del Bloque, Xosé Manuel Carril; el de Esquerda Unida, César Santiso y el bombero que se negó a colaborar en el desalojo de Aurelia Rey, si enteraron por la prensa de las propuestas de sanciones, que pueden llegar hasta los 600 euros. Los ocho multados presentaron alegatos conjuntos y el portavoz nacionalista recordó que después de autoinculparse junto a otras personas y tras la elaboración de un informe policial, el caso fue dejado en nada por la Justicia. "Luego se modificó y se recurrió a la vía gubernativa para sancionarnos; esto nos retrotrae a épocas pasadas", había denunciado.
"Motivaciones políticas" en las sanciones
Esa motivación política de las sanciones es lo que critican los
colectivos sociales de A Coruña. De la misma opinión son varias
plataformas de afectados por las preferentes, que ven como en las
últimas semanas reciben una avalancha de multas que van desde
infracciones de tráfico por no llevar el cinturón o hablar por el móvil,
sanciones por tocar la bocina o por ocupar una vía. Millares de euros,
centrados especialmente en los portavoces y líderes de las
concentraciones, una decisión que los afectados atribuyen a una
estrategia de acoso y derribo del PP, de Rafael Louzán, presidente de la
Diputación de Pontevedra, y de la Subdelegación del Gobierno".
Xulio Vicente, portavoz de la plataforma del Baixo Miño y señalado por
Louzán desde el comienzo de las protestas, acumula miles de euros en
sanciones. "Una de 750 euros por, en teoría, insultar a un policía; otra
por tirar un artefacto pirotécnico y otra más por una movilización en
Mondariz donde no estuve... Otra más de 500 euros por una manifestación y
otra pendiente de juicio que puede llegar a los 2.000 euros", destaca. Y
no es capaz ni de llevar la cuenta. "La mucha gente le meten sanciones
de 100 euros, pero a mí y a otra gente siempre nos llegan multas por
importes más altos", destaca, tras recordar también las propuestas de
sanciones a ancianas con problemas de movilidad o las innumerables
sanciones de tráfico impuestas por la Guardia Civil, casi siempre desde
la misma zona.
"Aquí sólo multan a los de las camisetas naranjas", inisiste Xulio Vicente, en referencia a la plataforma del Baixo Miño de la que él es portavoz. "Como no saben cómo parar las protestas, ahora quieren irnos al bolsillo", añade tras relatar la situación de otro compañero, al que le acaban de llegar cuatro sanciones diferentes y por diferentes motivos. "Esto no va a parar porque nosotros vamos a seguir reclamando lo nuestro, pero la situación puede acabar mal porque la gente está muy indignada", remata
"Aquí sólo multan a los de las camisetas naranjas", inisiste Xulio Vicente, en referencia a la plataforma del Baixo Miño de la que él es portavoz. "Como no saben cómo parar las protestas, ahora quieren irnos al bolsillo", añade tras relatar la situación de otro compañero, al que le acaban de llegar cuatro sanciones diferentes y por diferentes motivos. "Esto no va a parar porque nosotros vamos a seguir reclamando lo nuestro, pero la situación puede acabar mal porque la gente está muy indignada", remata
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