Sometidas por el asedio de los grupos paramilitares, la delincuencia y el ejército mexicano, las comunidades agrarias en México están viviendo en carne propia una guerra civil reaccionaria donde los muertos los pone el pueblo.
Pese a que estas agresiones se encuentran perfectamente documentadas, la retórica presidencial asegura que la autoproclamada cuarta transformación ha resuelto prácticamente todos los problemas que aquejan a las masas empobrecidas del campo, y para demostrarlo cacaraquea sus programas asistenciales-contrainsurgentes como sembrando envidias, destruyendo el futuro, bien-corporativizar, etc. como si se tratase de una conquista democrática. ¡Nada más ajeno a la realidad!
El uso electorero de estos programas ha servido para coaccionar las decisiones de los individuos al interior de las comunidades, atomizando el poder y la soberanía de las asambleas comunitarias. Así mismo, el uso discrecional de las instituciones ha servido para imponer decisiones tomadas desde arriba por encima de la propia legalidad burguesa, la normatividad y los estándares internacionales, simulando consultas y pisoteando los derechos de los pueblos. Cuando una comunidad o un grupo de habitantes de una localidad se inconforma o invoca su derecho de acceso a la información, el burócrata AMLO les descalifica llamándoles “conservadores, fifís-de-derecha”. Cuando las poblaciones recurren a la ley con juicios de amparo u otros recursos, de inmediato se les estigmatiza en las mañaneras preguntándoles “¿dónde estabas hace 6, 12 o 18 años?”. Cuando estas mismas poblaciones responden en las calles con organización y resistencia, entonces el discurso queda a cargo de las fuerzas armadas reaccionarias, llámese paramilitares, delincuencia o ejército.
Si antes el PRI compraba y cooptaba a los órganos de representación agraria o a las autoridades locales para imponer su santa voluntad, ahora la 4T se asegura que las armas terminen de persuadir no solamente a las autoridades, sino a también a los pobladores.
Durante todo el gobierno de AMLO diversas voces de la izquierda de abajo (ósea, la de a de veras) han denunciado que la violencia reaccionaria contra los pueblos originarios y las comunidades rurales sigue creciendo. Un informe del micrositio Alas y Raíces de la organización EDUCA menciona que hasta diciembre de 2023 se registraron… “200 atentados a la vida contra personas defensoras, dichas agresiones incluyen: desapariciones, homicidios y ejecuciones extrajudiciales, y concuerdan con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En este escenario, 176 personas defensoras fueron asesinadas, 20 personas defensoras permanecen en calidad de desaparecidas y 4 aparecieron con vida”. En el informe se encuentran documentados los asesinatos de Luis Armando Fuentes Aquino, Jesús Manuel García Martínez y Félix Vicente Cruz, todos ellos integrantes de la Corriente del Pueblo Sol Rojo en el Istmo de Tehuantepec donde los pueblos se oponen firmemente a la imposición del Corredor Interoceánico.
La guerra contra el pueblo se extiende por todo el territorio nacional, y según podemos advertir tras las últimas declaraciones del EZLN presentadas en una serie de entregas en su portal web, ha influido en la toma de decisiones para la nueva estructura social del zapatismo. En su más reciente discurso durante las celebraciones por el 30 aniversario del alzamiento armado, el Subcomandante Insurgente Moisés subrayó algunas de las particularidades de esta nueva forma de organización basada no en el individuo sino en “lo común”; y abordó en términos generales el contexto que viven los pueblos… “Nosotros vamos a seguir ese camino y nos vamos a defender. No necesitamos matar a los soldados y a los malos gobiernos. Pero si vienen nos vamos a defender”.
Negar la guerra reaccionaria contra el pueblo en nuestro país es ya imposible. Ahora estamos iniciando los primeros días de 2024 con la noticia que en Chicomuselo, Chiapas, células de un cártel delictivo han atacado a distintas rancherías generando desplazamientos forzados en masa en Nueva Morelia y El Limonar, respectivamente; mientras que en Guerrero la comunidad de Buenavista de los Hurtado fue atacada con drones y sicarios de otro cártel. El común denominador en estos casos es el control de los territorios y la necesidad del latifundio de apropiarse de la tenencia de la tierra para desmantelar los bienes comunales, mientras las autoridades de los diferentes niveles de gobierno se mantienen al margen como si los disparos no se escucharan o no se vieran.
Los hechos ocurridos en Texcatitlán, Estado de México permiten ver el futuro inmediato de la organización comunitaria: las masas se van a armar para defender sus tierras, sus territorios, su vida y su libertad.
Cada vez son más las comunidades rurales que están decidiendo desempolvar las armas con las que acompañaron a Zapata y Villa en la gesta por realizar la revolución agraria que aún sigue pendiente.
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