19 de Junio Día de la Heroicidad

Publicado en junio 19, 2015

Un año más conmemoramos el 19 de Junio Día de la Heroicidad, rindiendo homenaje y recordando a los cientos de guerrilleros e hijos del pueblo, prisioneros de guerra en las Luminosas Trincheras de Combate de Lurigancho, el Frontón y el Callao de Perú, asesinados a manos de las fuerzas represivas del régimen fascista-aprista a las órdenes de Alan García Pérez el 19 de Junio de 1986 tras una resistencia heroica. No podemos olvidar tampoco en este día a los presos políticos y presos de guerra peruanos asesinados también en las matanzas ocurridas en el penal de Lurigancho el 4 de octubre de 1985 (donde fueron asesinados 30 presos políticos) o la de otros 41 presos políticos y de guerra en el penal de Castro Castro en el distrito de Canto Grande de Lima entre los días 6 al 9 de Mayo de 1992 bajo el gobierno del fascista, genocida y vendepatria Alberto Fujimori.
En este día también expresamos nuestra solidaridad con los presos políticos en las cárceles de todo el mundo.
Ofrecemos a continuación un importante testimonio de denuncia del genocidio de presos ocurrido el 19 de Junio de 1986. Se trata de la declaración titulada Genocidio de Presos Políticos de la Junta Directiva de la Asociación de Abogados Democráticos (Lima, Perú) de 22 de Junio de 1986, extraída del libro de Juan Cristobal ¿Todos murieron?, Ediciones “Tierra Nueva”, Lima, Mayo de 1987, págs. 238 – 241 y que Gran Marcha Hacia el Comunismo hemos transcrito para nuestro blog.GENOCIDIO DE PRESOS POLITICOS
Denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional:
1. Frente al asesinato en masa de más de 230 presos políticos ocurrido el 19 de los corrientes, una vez más el Gobierno Aprista de Alan García Pérez se ha mostrado ante el mundo como un régimen genocida, tan igual o peor al fascismo hitleriano y a los más feroces tiempos de la Santa Inquisición.
2. El 18 del presente, el Gobierno Aprista aplicando la política del imperialismo otorgó carta blanca a las Fuerzas Armadas para el arrasamiento de los penales de Lima y Callao; contando, para la ejecución de esta negra acción, con la complicidad de la denominada “Comisión de Paz”, la que se constituyó a los Penales momentos previos a la masacre, para dizque “solicitar la rendición y establecer el diálogo”, cuando en realidad lo que hicieron fue montar una siniestra patraña que justifique la posterior masacre perpetrada por las Fuerzas Armadas. Igual papel han cumplido en esta ignominiosa faena de hienas, los miembros del Ministerio Público y las autoridades del Poder Judicial; entre éstos el cuestionado Fiscal de la Nación: César Elejalde Estenssoro, quien cual ave de rapiña en compañía del Vocal de la Corte Suprema de Justicia, el aprista Juan Torres García se hicieron presentes en la isla de El Frontón caminando entre escombros y cadáveres cuando ya todo estaba consumado, y no conforme con esto amenazó con más genocidio frente a la televisión estatal. Los prisioneros políticos horas antes del genocidio hicieron entrega a las autoridades de sus demandas y solicitaron la conformación de una Comisión Unaria integrada por sus familiares, abogados y autoridades. Siendo totalmente falsa y tendenciosa la versión oficial del Gobierno en el sentido, de que se negaron a negociar y por el contrario, por disposición del Comando Conjunto de la Fuerza Armada se dio la orden de no acceder a ninguna negociación y efectuar el develamiento sea como sea.
3. En el Penal “San Juan Bautista” (El Frontón) la masacre fue ejecutada por la Marina de Guerra del Perú con crueldad, sevicia y vesanía, ya que el ataque se efectuó contra presos encerrados en el “Pabellón Azul”, totalmente desarmados, empleándose armamentos propios de una guerra convencional como obuses disparados desde embarcaciones de guerra, bombardeo aéreo y fusilamiento en masa. A la 15.00 Hrs. Aprox. Agustín Mantilla, Viceministro del Interior comunicó a las autoridades del Penal, Juez de Ejecución Penal, Fiscal Provincial en lo Penal del Callao y al Senador PAP Andrés Quintana Gurt que, el Penal, quedaba bajo el control del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
4. En el Penal “San Pedro” (ex Lurigancho), el Ejército intervino y siendo las 01.00 Hrs. Aprox. del día 19 empezó a bombardear el “Pabellón Industrial”, en donde se encontraban recluidos los prisioneros políticos. Este ataque lo realizaron los efectivos del Ejército con armas convencionales de guerra, seguido de ametrallamiento en masa y, luego a los sobrevivientes se les fusiló uno a uno llegando a tal grado de vesanía que se seleccionó al prisionero Antonio Díaz Martínez para ser ejecutado al final, con el objeto de que este presencie el fusilamiento de sus compañeros.
5. En el Penal “Santa Bárbara” (ex Callao) donde se encontraban recluidas las prisioneras políticas, la intervención de los “Llapan Atic” de la Guardia Republicana se produjo a las 00.00 Hrs. Aprox. el día 19, empleándose cargas de dinamita para abrir un boquete en el segundo piso por donde penetraron los asesinos, masacrando a mansalva, dejando como saldos dos muertas, 59 internas con lesiones en diversas partes del cuerpo y luego depositadas en el Establecimiento Penal “Santa Mónica” de Chorrillos, y otras en estado grave y sin atención médica, en el Hospital de Sanidad de las Fuerzas Policiales, hecho constatado por el Juez Instructor de Turno del Callao y del Juez de Ejecución penal del E.P. “Santa Bárbara”. Si no se aniquiló a la totalidad es porque el penal se encuentra en el centro de la población urbana.
6. Los prisioneros de los tres penales combatieron y resistieron heroicamente la ejecución del negro plan genocida del Gobierno Aprista de Alan García y hasta el final mantuvieron en alto su moral revolucionaria, entonando sus himnos revolucionarios hasta el momento de ser aniquilados y respetando las leyes de la guerra liberaron a los rehenes sanos y salvos.
7. El Poder Judicial ha cumplido su papel: dispuso la transferencia de los procesos del interior a la Capital, los mantuvo detenidos durante años sin acelerar sus casos, últimamente dispuso la devolución de sus procesos a sus lugares de origen. Ante estos hechos actuaron sometiéndose a los dictados del Ejecutivo; habiéndose llegado a sostener con éste una reunión previa al genocidio con su representante, el Presidente de la Corte Suprema de la República, quien a su vez impartió las directivas a los Jueces inferiores, para que se abstengan de admitir y tramitar los numerosos recursos de Habeas Corpus, levantamiento y entrega de cadáveres que interpusieron sus abogados y familiares. De esta manera se han violentado los más elementales derechos de toda persona humana como son el derecho a la vida, a la defensa, al sepulcro; y los abogados actualmente se encuentran impedidos de ejercer con libertad su profesión en defensa de los prisioneros políticos: ya que, las cárceles en donde éstos se encuentran recluidos han sido declaradas “Zona Militar Restringida” y, los cementerios y la morgue se encuentran acordonados por efectivos militares, resultando imposible el acceso a ellos. Asimismo, el Ministerio Público ha cumplido igual papel.
8. La prensa nacional escrita, hablada y televisiva, frente a estos hechos se encuentra totalmente sometida a la información oficial resultando una caja de resonancia de comunicados del Gobierno, ocultando la verdad, desinformando al pueblo, y el día 19 a las 13:15´ Hrs. Se intervino violentamente las oficinas de la redacción de “El Nuevo Diario”, requisando su edición de esa fecha hasta de los puestos de venta, impidiendo su salida hasta la fecha. Las agencias de prensa internacionales se encuentran actualmente vigiladas por la policía a fin de impedir que éstas reciban las denuncias de parte de los familiares de los presos políticos y se pueda conocer la magnitud del crimen y la ignominia cometida en los Penales.
9. El levantamiento de los cadáveres se ha practicado por los Jueces del Fuero Privativo Militar, contraviniendo las disposiciones vigentes, cuando ello corresponde efectuarlo a los Jueces del Fuero Común. De esta forma hasta la fecha los cadáveres han sido secuestrados y se niega su entrega a sus familiares con el propósito de ocultar la forma vil en que han sido asesinados tal como sucedió anteriormente en el genocidio cometido el 4 de octubre de 1985 en el Penal de Lurigancho donde fueron asesinados 30 prisioneros políticos.
10. La represión se extiende a los familiares de los presos políticos que son actualmente perseguidos, detenidos y encarcelados con el propósito de evitar que reclamen por la situación de aquellos. Es así que el día 19 en circunstancias en que se encontraban en el Muelle Dársena del Callao, indagando por la situación de sus familiares presos en el Frontón fueron detenidos más de veinte personas y conducidos a la DIRCOTE y, en la fecha han sido detenidos otro grupo en la Universidad Nacional Técnica del Callao por efectivos de la Marina, desconociéndose su paradero y se continúa deteniendo indiscriminadamente a civiles.
11. Después de producido el genocidio del 4 de octubre de 1985 contra los presos políticos, éstos denunciaron ante la Opinión Pública y en los Tribunales de Justicia la gestación de un nuevo genocidio para lo cual el Gobierno Aprista daba diversos pasos: recorte de alimentos, de visitas, de energía eléctrica, impedimento de ingreso de medicinas a los penales, maltratos en los traslados a las diligencias judiciales, pretensión de aplicarles la ley de fuga al no colocarles las esposas de seguridad ordenándoles que corran, amenazas de muerte, la dación de la Ley No. 24,499 para trasladarlos a provincias, el desconocimiento de las Actas de los días 16 de julio y 31 de octubre de 1985 suscritas con las autoridades del Estado; vejámenes constantes contra sus familiares, detenciones y muerte como sucedió el 15 de enero de 1986 en Canto Grande, azuzando a los presos comunes para enfrentarlos a los políticos. La amenaza pública del Ministro de Marina en mayo último en la que dijo: “…sepan los subversivos que han despertado al león….” Y la petición dela pena de muerte y juzgamiento por el Fuero Privativo Militar, planteada por el Ministro de Guerra.
La formación del Frente Antiterrorista propuesta por el aprista Alfonso Barrantes Lingán que fue acogida por las FF.AA., y por los reaccionarios del país quienes después del genocidio lo aplauden.
La utilización de los medios de comunicación social para desatar una campaña difamatoria contra los prisioneros políticos, al señalar que los penales que éstos ocupaban eran centros donde se planeaba el terrorismo y que había que aniquilarlos, exterminarlos.
Este nuevo genocidio no es sino la continuación de la política antisubversiva que se viene desarrollando desde 1980 tanto en el campo como en la ciudad, y que este Gobierno lo ha expresado en Accomarca, Pucayacu, Umaru, Garagay y Lurigancho.
12. Denunciamos la represión que ejerce el Gobierno y las Fuerzas Armadas contra nuestro pueblo que repudia este hecho genocida.
¡DEFENDER LA VIDA DE LOS SOBREVIVIENTES Y LA DE LOS DEMAS PRESOS POLITICOS DEL PERU!
Hacemos un llamado a los pueblos del mundo, a sus organizaciones democráticas, a las instituciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, a las personalidades democráticas del mundo, al periodismo nacional y a la prensa internacional para que defienda la vida de los sobrevivientes y demás presos políticos del país y para que repudien este crimen de lesa humanidad por el que Alan García, su Consejo de Ministros y el Comando Conjunto de la Fuerza Armada deben ser juzgados y condenados por la Corte Penal Internacional como autores del delito de GENOCIDIO contra la HUMANIDAD.
Lima, 21 de julio de 1986
LA JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DEMOCRÁTICOS