La
marcha indígena y campesina, que partió hace dos semanas desde la
Amazonía, llegó la madrugada de este domingo a la ciudad yungueña de
Caranavi en medio de contundentes muestras de solidaridad y apoyo
popular.
La
movilización ha puesto nuevamente en el centro del debate un problema
histórico que las clases dominantes siempre han tratado de minimizar u
ocultar: el problema de la propiedad de la tierra. La Ley 1720,
impulsada por sectores ligados al latifundio del oriente boliviano y
asociada a figuras como Branko Marinković, pretende legalizar el despojo
del pequeño campesino y de las tierras comunitarias indígenas. Esta
norma, recientemente promulgada, es presentada por el régimen bajo el
discurso engañoso de “modernización” y de facilitar el acceso al crédito
campesino; sin embargo, encubre un mecanismo clásico de despojo ya
conocido en toda América Latina y en los países del tercer mundo: la
transformación de la pequeña propiedad en mercancía sujeta a hipoteca,
expuesta al endeudamiento y, con ello, al despojo. Cuando el campesino
no puede pagar, la tierra pasa a manos del banco y, posteriormente,
rematada en favor de los grandes terratenientes.
Se
prevé que la próxima semana la marcha campesina arribe a la ciudad de
La Paz. Diferentes sectores campesinos del occidente del país han
manifestado su respaldo incondicional, así también trabajadores mineros y
sectores urbanos que incorporarán contingentes de marchistas para
reforzar la movilización.
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