Cuba: del socialismo ficción al capitalismo sin disfraz

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El 18 de junio de 2026, en medio de la peor crisis económica y humanitaria que ha vivido la isla desde el llamado Período Especial, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó —por unanimidad y en apenas una semana de trámite— un paquete de 176 reformas económicas presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, señalado por la prensa internacional como el mayor cambio al modelo económico cubano desde el triunfo de la revolución. El gobierno de Miguel Díaz-Canel insiste en que estas transformaciones no implican un abandono del socialismo, sino su actualización y perfeccionamiento.

Quien conozca la historia reciente de la isla reconocerá de inmediato el eco, es casi la misma fórmula que empleó Raúl Castro en su informe al VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, en abril de 2011, cuando anunció el desmonte de los subsidios universales «en aras de incrementar la eficiencia y la productividad del trabajo». Quince años después, el eufemismo sigue siendo el mismo, porque la operación de fondo —sustituir el capitalismo monopolista de Estado por un capitalismo abierto, diversificado y privatizado— también lo es.

Este artículo persigue dos propósitos. Primero, situar las reformas de 2026 dentro del proceso histórico, mostrando que no constituyen una ruptura sino una culminación, arrancada bajo la coerción económica y militar más desnuda que Estados Unidos ha ejercido sobre la isla en varias décadas. Segundo, ajustar cuentas con una corriente oportunista que ha encontrado en el papel de China como nuevo proveedor de la isla la ocasión perfecta para repetir, con sesenta años de retraso y ningún pudor, los mismos errores que el movimiento comunista internacional ya cometió con la Unión Soviética.

El contenido del paquete aprobado el 18 de junio no deja lugar a dudas sobre su carácter de clase. Se autoriza, por primera vez en toda la historia de la revolución, la banca privada: la figura del banquero, que la propaganda oficial había sepultado como símbolo del pasado explotador, resucita por decreto. Se elimina el tope de cien trabajadores para las micro, pequeñas y medianas empresas, de manera que el pequeño taller del «cuentapropista» queda legalmente habilitado para convertirse en una empresa capitalista de pleno derecho, sin límite alguno a la acumulación ni a la contratación de fuerza de trabajo asalariada. Se libera a los inversionistas extranjeros de la obligación —vigente desde los años noventa— de asociarse con una empresa estatal cubana, el capital foráneo, ahora sin mediación, queda con las manos libres sobre la isla. Las propias empresas estatales se transforman en sociedades mercantiles por acciones en las que pueden participar capitales privados nacionales, extranjeros e incluso cubanos emigrados; aquellas que no logren adaptarse a la disciplina del mercado podrán ser liquidadas. El Estado deja así de ser propietario único para convertirse en un accionista más, sometido, como cualquier otro, a la ley de la ganancia.

A esto se suma la autorización de casas de cambio privadas y de cuentas en divisas para personas y empresas particulares; el fin del monopolio estatal sobre las remesas; la posibilidad, caso por caso, de que cubanos y extranjeros compren bienes inmuebles, particularmente en las zonas de mayor potencial turístico —la misma geografía del despojo que desde el maoísmo ya se señalaba al describir el regreso de los grandes hoteles de lujo—; la ampliación del usufructo agrícola y la liberalización de precios en el campo; y, en el terreno social, la sustitución gradual de los subsidios universales por ayudas focalizadas mediante una plataforma digital bautizada, con ese gusto oficial por el eufemismo patriótico, «SOBERANÍA». Se anuncian igualmente una reforma salarial y de pensiones, el fomento del pluriempleo y el teletrabajo, y la reducción y reorganización de ministerios en favor de una mayor autonomía municipal.

Nada de esto es cualitativamente nuevo, es la culminación acelerada de un proceso que el propio gobierno, aunque tímidamente, ya anunciaba —la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, el auge del cuentapropismo, la entrega de tierras en usufructo, la dependencia del turismo— y que ahora, bajo la presión de la crisis, se ejecuta de golpe y en su forma más completa. Lo verdaderamente revelador no es tanto el contenido de las reformas como su velocidad; un programa de esta envergadura, discutido y aprobado en apenas siete días, no es el fruto de una planificación soberana y meditada, sino la respuesta de urgencia de una burocracia acorralada por el colapso.

¿Quién gana con esta operación? Ciertamente no el obrero o el campesino cubano, que hoy soporta apagones de hasta veinte horas diarias, escasez de alimentos y medicinas, y una moneda devaluada hasta la irrelevancia. Los beneficiarios son, de un lado, el estrato de burócratas estatales y del partido que se encuentra en posición de convertir su control administrativo sobre las empresas públicas en propiedad accionaria legal, repitiendo el proceso que ya vivió la nomenclatura soviética, sobre todo después de 1956 y más abiertamente entre 1989 y 1991; de otro, la naciente burguesía de las MIPYMES, ahora liberada de todo límite a su crecimiento; y, finalmente, el capital extranjero —estadounidense en ciernes, europeo, mexicano y, de manera creciente, chino— que aguarda su turno para invertir en una isla empobrecida, de mano de obra barata y posición geográfica estratégica.

La injerencia yanqui: el mismo guion imperialista escrito ahora en petróleo y expedientes judiciales

Quien atribuya estas reformas a una decisión soberana del gobierno cubano, en el sentido pleno de la palabra, ignora deliberadamente el contexto en que fueron arrancadas. Desde comienzos de 2026, Cuba ha sido sometida a una de las campañas de asfixia económica más agresivas desde la crisis de los misiles de 1962, y es esa campaña —no una súbita vocación reformista de Díaz-Canel— la que explica el ritmo y la profundidad del paquete aprobado en junio.

El 3 de enero de 2026, una operación militar de Estados Unidos en Venezuela culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, principal aliado de La Habana y, sobre todo, su proveedor de petróleo. El suministro venezolano, que durante años había sostenido buena parte de la matriz energética cubana, se cortó de un día para otro, mientras Washington declaraba abiertamente su intención de propiciar un cambio político en la isla antes de que terminara el año. El 29 de enero, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone aranceles a cualquier país que suministre petróleo a Cuba, de forma directa o indirecta, invocando —sin aportar pruebas concretas— supuestos vínculos cubanos con potencias hostiles. La medida obligó a México a suspender temporalmente los envíos de Pemex y amenazó a otros proveedores, dejando a la isla, según reportes de finales de mayo, con apenas quince o veinte días de reservas. El propio Trump llegó a declarar que el gobierno cubano había perdido el control del país y que Estados Unidos podría intervenir de manera casi inmediata en cuanto resolviera otras prioridades de política exterior.

Las consecuencias humanitarias de esta guerra económica no son una abstracción. Para junio de 2026, organismos de Naciones Unidas reportaban aumentos en la mortalidad infantil, caídas drásticas en la supervivencia infantil frente al cáncer, un desplome de más de la mitad en la producción de alimentos y un suministro de medicinas reducido a una fracción de los niveles normales. Apagones de hasta veinte horas diarias, vuelos cancelados por falta de combustible para aviación, hospitales operando a media capacidad: ese es el saldo concreto, en cuerpos y en vidas, de lo que el propio vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío calificó de «estrangulamiento» impuesto desde Washington.

A esta presión económica se sumó, el 20 de mayo, un golpe de naturaleza distinta, pero de idéntica función, donde el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal contra el general Raúl Castro, de 94 años, y otros cinco funcionarios cubanos, por el derribo en 1996 de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate. Conviene ser precisos. Una acusación es una alegación, no una condena. Pero el momento elegido, apenas semanas después de la operación militar que derrocó a Maduro y en medio del recrudecimiento máximo de las sanciones, no pasó inadvertido para el propio gobierno cubano. Tanto Díaz-Canel como el canciller Bruno Rodríguez calificaron la acusación de maniobra política sin fundamento jurídico, destinada a construir el expediente con el que Washington busca justificar una eventual agresión militar directa, siguiendo el mismo patrón ya aplicado contra Venezuela. Sea o no ese el cálculo exacto de la Casa Blanca, la secuencia —cambio de régimen armado en Caracas, bloqueo petrolero disfrazado de arancel, imputación penal contra la cúpula histórica cubana— dibuja con claridad el manual clásico del imperialismo: coacción económica, fabricación de pretextos jurídicos y amenaza militar latente, todo administrado con un inocultable objetivo declarado el cambio de régimen.

Esto es, con más de cien años de vigencia, exactamente lo que Lenin describió como la esencia del imperialismo no una política entre otras, sino la fase del capitalismo en que la exportación de capital y el reparto del mundo entre las grandes potencias subordinan a las naciones más débiles mediante la combinación de fuerza financiera y militar. Que algunos gobiernos burgueses o pequeñoburgueses —Lula da Silva en Brasil, Gustavo Petro en Colombia, Claudia Sheinbaum en México, o incluso el canciller alemán Friedrich Merz— hayan criticado el bloqueo, mientras que otros, como Javier Milei en Argentina, lo celebran abiertamente como camino hacia la prosperidad capitalista para la isla, no cambia el fondo del asunto,ningún gobierno en el Estado burgués, por crítico que sea del método, cuestiona el derecho del capital a intervenir donde le plazca. Solo la clase obrera organizada de manera independiente podría oponer una resistencia real a esta injerencia, y esa es precisamente la fuerza que seis décadas de capitalismo de Estado disfrazado de socialismo han impedido que se constituya en Cuba.

La denominada «comunidad internacional» respondió, en todo caso, de manera desigual ante esta escalada. Rusia continuó enviando petróleo pese a las amenazas arancelarias —un buque con más de setecientos mil barriles atracó en Matanzas en marzo—, mientras México enviaba ayuda humanitaria por vía marítima y Bielorrusia ratificaba su respaldo político; Canadá, por su parte, destinó fondos a programas alimentarios de emergencia. Pero ninguno de estos gestos alteró el fondo del cerco,se trató en el mejor de los casos, de paliativos humanitarios o de maniobras de política exterior de otras potencias, nunca de un acto de solidaridad de clase organizada desde abajo, más allá de la flotilla que algunas organizaciones sociales y políticas latinoamericanas impulsaron sin mayor efecto.

Conviene, sin embargo, no caer en la trampa de convertir esta denuncia de la injerencia yanqui en una defensa acrítica del gobierno de Díaz-Canel e históricamente de los Castro. Al no ser la clase obrera la que dirige efectivamente el Estado, entonces esta burocracia dirigente cubana no es una víctima inocente que sufre pasivamente el acoso imperialista, es ella misma, la clase que administra —y ahora privatiza en beneficio propio— la explotación del pueblo cubano. Frente a la asfixia económica, su respuesta no ha sido armar y movilizar al proletariado en defensa de sus condiciones de vida, sino acelerar precisamente el programa de restauración capitalista —de forma más descarada— que ya venía ejecutando desde los años noventa, usando la crisis como coartada. Washington aprieta; La Habana, lejos de resistir en nombre de los trabajadores, aprovecha el apretón para completar, con la urgencia como excusa, lo que llevaba treinta años planeando.

El salvavidas chino. Nuevo patrón, viejo yugo

En medio de este cerco, China aparece como el sostén más visible de la isla, y no es casual que sea precisamente ese papel el que ha reavivado, en ciertos sectores de la izquierda internacional, la vieja tentación de travestir de solidaridad proletaria lo que no es sino el cálculo de gran potencia imperialista.

Los hechos, en sí mismos, son notables. El 20 de enero de 2026, Xi Jinping aprobó una ayuda de emergencia de 80 millones de dólares y una donación de 60 000 toneladas de arroz. Más significativo aún ha sido el papel de China en la llamada «revolución solar» cubana, las exportaciones chinas de paneles solares a la isla pasaron de apenas 3 millones de dólares en 2023 a 117 millones en 2025, en el marco de un acuerdo para instalar 92 parques solares hacia 2028, con capacidad de generar unos 2 gigavatios. El embajador chino en La Habana ha prometido en varias ocasiones ampliar la cooperación en energía, alimentos y tecnología, mientras la cancillería china declara públicamente su respaldo a la soberanía cubana frente a la injerencia extranjera.

Pero basta leer con algo de atención a los propios analistas que siguen de cerca la relación para advertir que este respaldo tiene límites cuidadosamente calculados. Diversos especialistas citados por la prensa internacional coinciden en que resulta improbable que China ofrezca a Cuba un apoyo incondicional; su ayuda parece diseñada, ante todo, para no poner en riesgo la enorme relación comercial y geopolítica que Pekín mantiene con Washington en otros terrenos. La tecnología solar, además, no se regala, se vende, mayoritariamente a crédito, de modo que Cuba contrae con Beijing una nueva deuda externa a cambio de una infraestructura que, de paso, abre mercado a una industria solar china con enorme capacidad productiva excedente, necesitada —como cualquier capital monopolista— de nuevos campos de inversión en el exterior. China gana, en el proceso, una posición estratégica en el sector energético de una isla situada a apenas 150 kilómetros de Estados Unidos, en el momento de mayor tensión bilateral en décadas, sin arriesgar un ápice de su colosal relación comercial con Washington.

Donde ayer Moscú compraba azúcar cubana a precios subsidiados y colocaba en la isla su maquinaria obsoleta, atando a Cuba a una dependencia que el propio Estado cubano jamás intentó romper, hoy Pekín pone paneles solares a crédito y capital en el sector eléctrico, reproduciendo con productos distintos la misma estructura de patronazgo entre burocracias estatales. En ningún caso se trata de internacionalismo proletario en el sentido marxista-leninista del término: el internacionalismo proletario no consiste en acuerdos comerciales entre aparatos de Estado, sino en el apoyo activo de la clase obrera de un país a la organización independiente y a la lucha revolucionaria de la clase obrera de otro. Ni la Unión Soviética de Jrushchov se lo propuso jamás respecto a Cuba, ni la República Popular China de Xi Jinping se lo propone hoy, en ambos casos, lo que se ofrece a cambio de «solidaridad» es lealtad desde los intereses imperialistas de Estado capitalista a Estado capitalista, nunca la organización independiente de los trabajadores cubanos.

Contra el dengismo y el pro-chinismo contemporáneo: el oportunismo con careta antiimperialista

Frente a este cuadro, ha proliferado —dentro y fuera de China, incluso entre corrientes que se reclaman marxistas-leninistas o herederas del propio maoísmo— un coro que presenta la intervención china en Cuba como prueba de que el socialismo chino sigue vivo y ofrece un polo benévolo, incluso antiimperialista, frente a Washington. Algunos van más lejos y proponen abiertamente la trayectoria china posterior a 1978 —la reforma y apertura, el socialismo de mercado, el socialismo con características chinas— como el modelo que Cuba debería seguir y que, según ellos, sabiamente ya sigue.

Esto es, en su forma más pura, dengismo —la corriente político-ideológica nacida del viraje de Deng Xiaoping en 1978— que rebautiza como etapa o camino del socialismo la reintroducción sistemática de relaciones capitalistas de producción —acumulación privada de capital, trabajo asalariado con fines de lucro, integración plena al mercado mundial, una clase de multimillonarios que convive cada vez más estrechamente con el aparato del Partido Comunista y en no pocos casos lo dirige— en lugar de reconocer lo que materialmente es la restauración del capitalismo bajo el monopolio político de un solo partido.

El paralelo con Cuba es tan exacto que explica porqué los apologistas dengistas se apresuran a bendecir las reformas de La Habana como una sabia sinización del socialismo caribeño, el mismo vocabulario —perfeccionar el modelo, actualizar el socialismo—, la misma secuencia —zonas especiales, apertura gradual a la inversión extranjera, legalización incremental y luego desbordada de la pequeña empresa privada, una burocracia que convierte poder político en capital personal—, se repite ahora en la isla con casi cincuenta años de retraso y en una escala más pequeña y desesperada. Es preciso recordar cómo la dirigencia cubana se declaró comunista de la noche a la mañana y fundó su partido por decreto; exactamente lo mismo puede decirse de una China que hoy se proclama socialista mientras exhibe una de las sociedades de clases más desiguales del planeta y una de las mayores concentraciones de multimillonarios del mundo.

Ideológicamente, el dengismo y el pro-chinismo contemporáneo cumplen hoy la misma función que cumplió el revisionismo jrushchovista en 1960, prestar un vocabulario de izquierda, incluso marxista, a lo que en términos de clase es simple acumulación capitalista y rivalidad interimperialista. Reproducen la confusión que ya denunciaba José Carlos Mariátegui en sus tesis de 1929 sobre el APRA: reducir la política revolucionaria a un antiimperialismo que se basta a sí mismo, confundiendo la oposición a una potencia imperialista con el socialismo mismo, cuando el antiimperialismo, sin tocar el poder del capital, no puede por sí solo constituir un programa capaz de conducir a la revolución social; en el mejor de los casos, termina siendo bandera que la pequeña burguesía enarbola sin que el antagonismo de clase se altere en absoluto.

Aplaudir hoy la ayuda material china al gobierno de Díaz-Canel sin reparar en que esa misma ayuda está estructurada como crédito comercial, calculada para no incomodar a Washington, y orientada a abrir nuevos campos de inversión para un capital chino con enorme excedente productivo —exactamente la definición leninista de la fase superior del capitalismo— no es solidaridad proletaria, es campismo. El campismo consiste en tratar como automáticamente progresista a todo aquel que se opone a Estados Unidos, sin preguntarse jamás por el carácter de clase de ese actor. Y el campismo cumple una función material precisa; desarma el esfuerzo de construir partidos comunistas genuinamente independientes, asentados en el marxismo-leninismo-maoísmo, que no subordinen los intereses del proletariado mundial a la maniobra diplomática de ningún Estado, sea Washington ayer y hoy, Moscú ayer, o Pekín hoy.

Vale la pena señalar, además, una ironía que las propias corrientes dengistas contemporáneas rara vez advierten que son, en su mayoría, herederas de aquellos partidos que en los años sesenta, junto al Partido Comunista de China de Mao Tse-Tung, denunciaron con toda razón la coexistencia pacífica y la competencia pacífica jrushchovistas como capitulación revisionista frente al imperialismo. Hoy, sin embargo, defienden en Pekín exactamente aquello que ayer condenaban en Moscú: integración plena al mercado capitalista mundial, renuncia a exportar la revolución, primacía absoluta de las relaciones diplomáticas de Estado a Estado sobre el apoyo a la lucha de clases en el exterior. Las mismas corrientes que denuncian —con razón— el bloqueo yanqui contra Cuba, callan o minimizan la represión china contra la organización sindical independiente, el desmantelamiento de las antiguas protecciones sociales del período maoísta, o el carácter extractivo y generador de deuda de buena parte de la inversión china en el sur global. Ese silencio no obedece a principio alguno, sino a puro alineamiento geopolítico, la definición más precisa de oportunismo que legó la tradición marxista, de Lenin contra el socialchovinismo de la Segunda Internacional al propio Partido Comunista de China contra el revisionismo soviético, cuando este último —y no antes— era el blanco de la crítica.

Ni Washington ni Pekín: la independencia de clase del proletariado

Las 176 reformas de junio de 2026 no son, entonces, la traición de un socialismo previo, porque no había socialismo que traicionar; son el desenlace lógico de un proceso que el marxismo-leninismo-maoísmo ya había diagnosticado con precisión décadas antes. Cuba es, desde 1959, el caso de una revolución nacional capturada por una dirección pequeñoburguesa que, a falta de un auténtico Partido Comunista enraizado en la clase obrera, fue absorbida primero por la órbita soviética y hoy culmina su trayectoria hacia una integración capitalista abierta y entregada a la carroña imperialista, cortejada simultáneamente por las amenazas de Washington y los créditos de Pekín, con Moscú todavía rondando como proveedor secundario.

La tragedia se libra, como siempre, sobre la carne del pueblo cubano que sufre apagones de veinte horas, mortalidad infantil en ascenso, producción de alimentos por el suelo, mientras Washington usa el desastre humanitario como palanca de negociación y La Habana lo usa como coartada para privatizar. Frente a esta catástrofe, tanto los voceros de la derecha proimperialista —desde Miami hasta Milei— como los apologistas dengistas y pro-chinos de la izquierda campista ofrecen, en el fondo, la misma resignación disfrazada de dos colores distintos, sometimiento a la libertad que dicta Washington, o fe ciega en un patrón chino benevolente que, examinado de cerca, no es menos capitalista ni menos calculador que el patrón soviético de ayer o su contraparte gringa.

No hay, en ninguna de las dos opciones, un solo gramo de poder para los trabajadores y campesinos pobres cubanos. El único camino que no reproduce la explotación es la reconstitución del proletariado cubano como fuerza política independiente, organizada en un auténtico Partido Comunista construido sobre la base firme del marxismo-leninismo-maoísmo, capaz de romper toda dependencia externa —estadounidense, china o rusa por igual— y de poner el poder económico y político directamente, sin intermediarios de ninguna burocracia, en manos de obreros y campesinos. Los comunistas del mundo seguirán, como siempre lo han hecho, apostando por esa salida, y no por ninguno de los patrones que hoy se disputan los despojos de la isla