Con grandes titulares y entrevistas a representantes del Pacto Histórico en los medios, fue presentado al Congreso un proyecto de ley que se propone alcanzar lo que el presidente Petro llama la “paz total”.
En realidad, se trata de una modificación a la Ley 418 de 1997, también conocida como de orden público, introduciéndole algunos ajustes, tales como convertir la paz en política de Estado, adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados (vinculando la paz a los planes: nacionales sectoriales, de desarrollo de los territorios y de sustitución de cultivos), crear el servicio social para la paz como alternativa al servicio militar obligatorio y unificar en uno solo fondo para la paz los recursos ahora diseminados en varios.
El proyecto está lleno de buenas intenciones que ilusionarán a las víctimas de la guerra, pero que no traerá la paz como promete el gobierno. Dice la sabiduría popular que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, y en efecto, no bastan las buenas intenciones para acabar con la guerra. Es necesario ir a la raíz del problema para entender sus causas y encontrar las soluciones de fondo.
¿Por qué ningún acuerdo de paz y desarme de grupos ha detenido la guerra contra el pueblo, si desde los años 80 del siglo pasado se han presentado negociaciones de paz, treguas, acuerdos, desarme de organizaciones armadas?
Del más reciente “acuerdo de paz” firmado por los jefes de las Farc y el gobierno Santos en el 2016, los hechos indican que no hay tal. Según la Ong Indepaz, desde el acuerdo suman ya 1.332 los asesinatos y ahora existen alrededor de 32 grupos armados, es como si el “acuerdo de paz” hubiera disparado la guerra. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 2021 fue el año más violento desde la firma del acuerdo de paz en 2016, presentándose 93 masacres, 146 desplazamientos forzados masivos y 228 enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos armados. Y en lo que va corrido de este año hasta finales de agosto se contabilizaban 72 masacres y más de 120 dirigentes y activistas populares asesinados.
La paz con los opresores es en la práctica, una terrible matanza del pueblo, que parece no tener fin; un engaño denunciado por la Unión Obrera Comunista (mlm) mucho antes de la firma del acuerdo de 2016. Desde el número 1 del periódico Revolución Obrera de octubre de 1998 se manifestó: La Paz de los Ricos es Guerra Contra el Pueblo. Y el editorial del 9 de julio de 2016 La cuestión de la guerra y la paz en Colombia remarcó el carácter reaccionario de la guerra que azota al pueblo colombiano:
Desde 1998, año de la fundación de la Unión Obrera Comunista (mlm), a través de su voz pública el periódico Revolución Obrera, ha denunciado incansablemente que desde 1980 la guerra en Colombia ha sido una guerra reaccionaria y contra el pueblo, una guerra cuya causa económica, más que la tierra misma, es la lucha por su renta extraordinaria, tanto la proveniente de la explotación capitalista de las riquezas naturales minero-energéticas, como de la explotación capitalista de los cultivos de coca y amapola, de su transformación en sicotrópicos y su comercialización nacional e internacional. Una guerra reaccionaria que ha despojado más de 10 millones de hectáreas y ha desplazado a no menos de 7 millones de pobres del campo, desplazamiento continuado incluso después de que el Gobierno de Santos promulgara la Ley 1448 de 2011 conocida con el flamante y mentiroso nombre de «Ley de Víctimas y Restitución de Tierras».
Además, en ese mismo artículo se denuncia la esencia del acuerdo firmado por los jefes de las Farc y Santos, la burla de la política de tierras y la perspectiva de las negociaciones:
En cuanto a la política de tierras, tras los adornos jurídicos de «restitución» y «reparación a las víctimas», el fondo económico de la política de tierras del Gobierno de Santos es el impulso al desarrollo del capitalismo en el agro por la vía reaccionaria de legalizar el despojo a los pobres del campo y fomentar la agricultura empresarial. Después de 6 años, los hechos indican que bajo el Gobierno de Santos no hay ni habrá restitución de las tierras a los desplazados, ni reparación a las víctimas de esta larga guerra reaccionaria por la renta extraordinaria de la tierra, esto es, por la ganancia extraordinaria procedente de la explotación del trabajo asalariado en la minería, en la extracción del petróleo y en las plantaciones capitalistas de coca, amapola, palma aceitera… En este aspecto de la política de tierras hay acuerdo total entre las distintas facciones o sectores de las clases dominantes; sus disensiones, discusiones y ataques por más agresivos que aparezcan no pasan de ser algarabía politiquera y leguleya para disimular su unánime acuerdo reaccionario de legalizar el despojo a los campesinos y apuntalar la agricultura empresarial.
De ahí que la continuidad de la guerra reaccionaria contra el pueblo, no obedece a que el uribismo la “haya hecho trizas” como alegó en su momento la oposición oficial y por ello hay que volverla política de Estado como argumentan los jefes del Pacto Histórico y del reformismo en general; tampoco obedece a que los jefes de la Farc hayan “negociado mal”, como afirmó Iván Márquez justificando su retorno al monte; ni siquiera se debe a que no se haya tenido en cuenta la situación de las comunidades afectadas y por ello ahora sí debe hacerse, como plantea el proyecto de la “paz total” del nuevo gobierno… de todo eso hablaba el acuerdo de 2016 y está consignado en la letra muerta de la ley.
No puede haber paz mientras el propósito sea desarrollar el capitalismo, que es el plan de Petro, porque allí es donde están las causas económicas de la guerra: disputa violenta por renta diferencial y ganancia extraordinaria procedentes de la explotación del trabajo asalariado en la minería, en la extracción del petróleo y en las plantaciones capitalistas de coca, marihuana, amapola…, y la consiguiente lucha violenta por el monopolio de la producción de sicotrópicos, por el control de territorios, rutas, puertos y fronteras para su distribución, así como para el negocio del contrabando.
Y aunque en la lucha por las ganancias en los negocios de la coca, la minería y el contrabando, está la base económica de la guerra contra el pueblo, en Colombia existe una contradicción antagónica e irreconciliable entre explotadores y explotados que hace imposible la “paz total”, porque es la fuente de la incesante lucha de clases, la causa de la existencia del Estado como máquina de opresión de la minoría parásita sobre la inmensa mayoría productora, cuyo pilar central son las fuerzas militares que siempre han servido y servirán para defender a sangre y fuego los privilegios de los explotadores y para aplastar, incluso con los fusiles cualquier intento de rebelión de los explotados como enseña la historia de masacres en el país. Un Estado que el nuevo gobierno defiende junto con sus fuerzas armadas para quienes reclama el monopolio de las armas (impedir que el pueblo se arme cuando desde arriba anuncian la creación de nuevos grupos paramilitares) y que no cambiarán su carácter al servicio de la opresión de clase, así se les adorne poniéndoles la etiqueta de humanas y presentando como alternativa al servicio militar obligatorio el servicio social contenido en el proyecto del gobierno.
Por eso el proyecto, aunque no traerá la paz, será aplaudido por los enemigos del pueblo porque desarma ideológicamente y siembra ilusiones en que con una ley, el pueblo trabajador verá el fin a la guerra que sus enemigos le han declarado; y sobre todo, les sirve a las clases dominantes para apaciguar el ánimo de combate y espíritu rebelde que han dejado las huelgas políticas de masas o levantamientos del 2019, 2020 y 2021.
Conquistar la paz total en la sociedad solo será posible en el comunismo, cuando desparezcan la propiedad privada, las clases y todas las diferencias sociales. Y para llegar a allí, se necesita demoler con la violencia revolucionaria de las masas, con la Guerra Popular, todo el viejo aparato estatal de los explotadores y todo el poder del capital, estableciendo el nuevo Estado de los obreros y campesinos para que la sociedad pueda avanzar al socialismo, primera fase del comunismo.
De ahí que las buenas intenciones anunciadas en el proyecto del nuevo gobierno, se convierten de hecho, en un engaño para el pueblo. El que Gustavo Petro, los jefes socialdemócratas pacifistas, liberales y en general los reformistas respalden ese ilusorio sueño es apenas la consecuencia de su estrechez de miras y la candidez de sus utopías, ya desechadas por la experiencia histórica.
Pero esos jefes que se dicen a sí mismos comunistas y revolucionarios terminen apoyando tal engaño es una abierta traición a la clase obrera y al pueblo, porque ellos sí saben que ningún cambio trascendental en la historia ha sido posible sin la revolución violenta, sin la insurrección armada del pueblo, sin su dominación revolucionaria. Y con mayor razón ahora, pregonar la paz entre explotadores y explotados, es una vil traición, más cuando los imperialistas se preparan frenéticamente para una nueva guerra mundial que pone en peligro la existencia misma de la humanidad y la cual solo puede ser impedida con la revolución o si estalla, transformarla en guerra civil revolucionaria para derribar a los enemigos y acelerar el triunfo de la Revolución Proletaria Mundial.
El proletariado revolucionario tiene la obligación de decir siempre toda la verdad, porque es su misión explicarle al pueblo trabajador el fondo de los problemas y la actitud de las distintas clases frente a los mismos, para clarificar su conciencia y contribuir a que la clase obrera marche al frente de todos los explotados y oprimidos en la lucha contra todos los explotadores y opresores.
De ahí que la Unión Obrera Comunista (mlm) llama a la clase obrera, a los hermanos campesinos e indígenas, y a los demás sectores populares a desechar las ilusiones en la paz social que promete el nuevo gobierno, exigiendo sí, el cumplimiento de los acuerdos ya adquiridos en cuanto a restitución de las tierras usurpadas y la reparación de las víctimas, y resolver los problemas de salud, educación, vivienda y servicios de agua y energía a los pobres del campo, así como condonación de las deudas de los campesinos pobres y medios, nuevos créditos, asistencia técnica y garantía de compra de la producción agrícola, a la vez que continuar exigiendo el cese del terrorismo de Estado y la guerra contra el pueblo. Exigencias que deben hacerse y conquistarse con la unidad, la organización, la movilización y la lucha como ejemplarmente lo están haciendo las comunidades en el Cauca, Huila y el Magdalena Medio. Pero además preparándose para responder a la violencia reaccionaria con la violencia revolucionaria. Los pobres del campo no pueden quedarse esperando soluciones desde arriba, sino que deben tomar la iniciativa desde abajo.
Invita a los revolucionarios y los guerrilleros de base desmovilizados y a los activos que aún conservan la esperanza en el triunfo revolucionario sobre los enemigos del pueblo colombiano, a vincularse a las luchas de las masas populares y a unirse a los demás revolucionarios que se mantienen firmes pensando en la verdadera liberación.
Exhorta a los comunistas marxistas leninistas maoístas a unir esfuerzos para avanzar al Congreso que le de vida nuevamente al Partido de la clase obrera, instrumento principal e indispensable para avanzar en la preparación de una verdadera guerra popular que ponga fin a la sanguinaria dominación de los capitalistas y a establecer el nuevo Estado, necesario para darle sepultura a la explotación capitalista y la dominación semicolonial imperialista, causantes de la tragedia del pueblo colombiano.
Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (mlm)
Septiembre 04 de 2002
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