Editorial
En
agosto del año pasado, la Unión
Obrera Comunista (mlm)
como parte del análisis de la situación actual, declaró: “A
pesar de que los hechos muestran la continuación de la guerra contra
el pueblo; a pesar de los asesinatos de varios guerrilleros, líderes
campesinos e indígenas y defensores de derechos humanos en tiempos
del llamado “post-conflicto”, que son el despunte de un nuevo
episodio de la ya conocida en Colombia sanguinaria paz burguesa
posterior a los “acuerdos” con jefes guerrilleros de antaño; a
pesar de todo esto, los jefes políticos reformistas y oportunistas
de los partidos y de las centrales sindicales son quienes
principalmente presentan el “acuerdo de paz” como el comienzo de
una nueva época de “paz social” en Colombia, aprovechando la
credulidad del pueblo por su resentimiento contra esta guerra
reaccionaria que lo ha victimizado”.
¡Y
los hechos son los hechos! En los acostumbrados balances de fin de
año, fue de reconocimiento general el gran número de asesinatos de
dirigentes campesinos, líderes populares, defensores de derechos
humanos y guerrilleros desmovilizados durante el 2017, cuantificados
por la ONU en 150 y por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y
la Paz (Indepaz) en 170. La impunidad de estos crímenes se estima en
el 87% y se agrega que el 59% de los homicidios fueron ejecutados por
sicarios en las zonas abandonadas por las FARC, las mismas donde
ascienden a 55.000 los desplazamientos forzados. Las zonas donde más
asesinatos de dirigentes se registraron fueron Cauca (32), Nariño
(28), Antioquia (23), Valle (14) y Chocó (12).
Como
si fuera por causa del mismo síndrome de la estupidez de Trump
cuando declara que el “calentamiento global es invento de los
chinos”, o de Maduro para quien “en Venezuela no hay crisis”,
también en Colombia resultó el panzón Ministro de Defensa Luis
Carlos Villegas declarando que los asesinatos de los dirigentes
sociales en su mayoría “son por asuntos personales y líos de
faldas”.
Sí,
por líos “de
faldas, potreros, fincas y caminos que quieren empresarios y paracos”
en las exactas palabras del caricaturista X-Tian de El Espectador.
Por tales líos, en los mismos días cuando la prensa difundía las
babosadas del Ministro, el 15 de diciembre el teniente del ejército
Ferney Vega Padilla asesinó al joven campesino Alexander José
Padilla Cruz en la vereda El Limón de Tierralta departamento de
Córdoba; el 20 de diciembre paramilitares de las llamadas
Autodefensas Gaitanistas de Colombia asesinaron a Gonzalo Antonio
Martínez presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda
Pechinde de Tierralta - Córdoba; ese mismo día Alfonso Pérez
Mellizo presidente de la Junta de Acción Comunal en el corregimiento
de Pan de Azúcar, municipio de El Patía departamento del Cauca, fue
acribillado al salir de una reunión con la comunidad; el 21 de
diciembre fue asesinado el líder social Esneider Ruiz Barreto
miembro de ATCAM filial de Fensuagro y miembro de Marcha Patriótica,
en el municipio de Puerto Guzmán departamento del Putumayo; el 24 de
diciembre fue encontrado el cadáver de Guillermo Javier Artuz
Tordecilla, dirigente campesino de Tierralta - Córdoba.
Tanto
el Presidente Santos como el Ministro Villegas niegan la existencia
de una operación sistemática de asesinatos de dirigentes sociales y
políticos, y alegan que no existe una organización dedicada a
perpetrar tales crímenes. Por su parte, los jefes reformistas y
oportunistas pregoneros de la mentirosa “paz social”, insisten en
comprometer al pueblo en el apoyo a esa política, lo cual sería
aceptar dócil y pasivamente la mordaza y el oprobio dictatorial de
los capitalistas sobre los trabajadores.
“La
“paz social” —prosigue la declaración citada arriba— es un
imposible en una sociedad como la colombiana dividida en clases
antagónicas donde unas cada día son más ricas a costa del trabajo
de otras que cada vez son más pobres. La “paz social” es un
veneno ideológico que anula en el pueblo el ánimo de luchar, es una
trampa política que inmoviliza a los de abajo, dejando las manos
libres a las clases dominantes para fortalecer su dictadura de clase
y organizar los planes reaccionarios del llamado “post-conflicto”,
un nuevo período de consolidación del despojo a sangre y fuego, de
mayores beneficios para el capital imperialista y nacional
profundizando la superexplotación de las masas trabajadoras del
campo y la ciudad y la destrucción de la naturaleza, de prohibición
de la lucha revolucionaria de las masas, de criminalización de sus
protestas, de persecución, encarcelamiento, desaparición y
exterminio de dirigentes revolucionarios, de activistas de DDHH, de
defensores de la naturaleza, de dirigentes sindicales cuyas
actividades ya son clasificadas en los códigos policiales como
“terroristas” y “contra la paz social”.”
Y
no se crea, que la “paz social” es imposible porque los
gobernantes representantes de los grandes empresarios, son moralmente
mentirosos, faltones, malnacidos y sanguinarios. ¡Sí que lo son!
Han masacrado huelguistas, han ordenado desaparecer a periodistas,
profesores, humoristas, raperos… solo por disentir y criticar sus
abusos. Pero el principal impedimento para la “paz social” no es
eso, sino el gran negocio de la explotación asalariada del trabajo,
del que se derivan no solo los conflictos sindicales por mejores
salarios y condiciones laborales, sino la irreconciliable lucha entre
las clases por el dominio y el poder político en la sociedad. Ningún
acuerdo con la burguesía y ninguna reforma al Estado y sus leyes
pueden suprimir la división de la sociedad colombiana en clases
antagónicas, cuya existencia siempre será en lucha, jamás en “paz
social”.
¿Acaso
no se dijo que con el “Acuerdo de Paz” se terminaba la guerra?
Se
firmó el “Acuerdo” pero continuó la guerra si se quiere con más
frenesí en las zonas antes controladas por las FARC. Continuó la
guerra contra el pueblo, porque su causa no estaba en la decisión
política de esa guerrilla de alzarse en armas, sino en la disputa
económica interburguesa por la renta extraordinaria de la tierra,
proveniente de la explotación del trabajo asalariado en negocios
como el de la minería, la coca, la producción y tráfico de
sicotrópicos, lo cual conlleva a la lucha por el dominio
territorial. Y en esa disputa económica y del territorio, las FARC
eran apenas uno de los contendientes, no el más poderoso, pero sí
el más peligroso para los trabajadores porque disfrazó con palabras
revolucionarias su participación en una guerra reaccionaria contra
el pueblo, porque contrario a lo hecho por los marinos en la
Revolución de Octubre de dirigir sus cañones contra el Zar y los
enemigos del pueblo, en Colombia los jefes guerrilleros desviaron
contra el pueblo los fusiles que en manos de los viejos campesinos
apuntaban a los terratenientes.
Es
tan peregrina la teoría de que el “Acuerdo” con las FARC
terminaría la guerra, que mientras negociaban en la mesa, en los
territorios aumentaban geométricamente las hectáreas sembradas de
coca, indicativo ese sí fiel, de la intensificación de la guerra
contra el pueblo. De 96.000 hectáreas sembradas en el 2015 se pasó
a 146.000 en el 2016 y a 188.000 en el 2017 de las cuales 23.148
están en el municipio de Tumaco convertido hoy en un epicentro de la
guerra de la coca, donde las masacres, el desplazamiento, la
criminalización de los trabajadores cocaleros, muestra en carne viva
que la “paz social” de la burguesía es la paz de los sepulcros.
Sabiendo
que en política, la táctica revolucionaria se asienta en el examen
permanente de la situación real y en el desarrollo probable de la
lucha de clases, frente a la cuestión actual de la guerra y la paz,
la Unión
Obrera Comunista (mlm)
hizo un análisis objetivo y una muy precisa previsión:
“Con
el “acuerdo de paz” del Gobierno de Santos y los jefes
guerrilleros, termina la participación armada de las FARC en la
guerra reaccionaria, pero no significa el fin de la guerra contra el
pueblo, como ya lo demuestran los hechos, puesto que la disputa
económica por la renta extraordinaria en las tierras despojadas,
sigue siendo la base del enfrentamiento político entre las facciones
de las clases dominantes, no solo en el marco de sus instituciones
estatales sino principalmente a través de las fuerzas armadas
estatales y paraestatales —llámense autodefensas, bandas
criminales, clanes, grupos anti-restitución o simplemente
escuadrones armados de los capos burgueses y terratenientes que
ejercen poder en grandes territorios despojados— escuadrones de los
cuales tampoco se pueden excluir remanentes mercenarios de las
guerrillas que continuarán en el rentable negocio de la guerra
reaccionaria”.
La
“paz social” es un espejismo que aparta al pueblo de la lucha
revolucionaria
De
parte de los enemigos del pueblo —imperialistas, burgueses y
terratenientes— la prédica de “paz social” es una vieja
mentira trabajada en el vano intento de negar teóricamente la
inevitable lucha de clases, y de impedir prácticamente que el pueblo
se atreva a rebelarse, como bien lo expresa el cartel que circula por
las redes sociales: “La
burguesía llama “paz social” al silencio de los explotados”.
Pero
tal mentira es destrozada a diario por los hechos de la lucha de
clases y por la gran verdad del marxismo: no habrá “paz social”
mientras existan clases antagónicas en la sociedad.
La
división de las clases dominantes frente al “Acuerdo de Paz”, es
solo por cuestiones jurídicas secundarias. Igual a como lo
manifiestan los representantes de los imperialistas, todas las
facciones burguesas y terratenientes, aceptan lo principal del
acuerdo entre el gobierno y los jefes guerrilleros: en lo político
reconocer y someterse al Estado de dictadura de los explotadores, en
lo jurídico legalizar el despojo violento y el desplazamiento de los
pobres del campo perpetrados en la guerra, y en lo económico
garantizar la expansión de la agricultura empresarial que profundiza
el capitalismo en el campo, arruina y destierra al campesinado, y
amplía la esclavitud asalariada. Por tanto, la división entre los
explotadores frente al “acuerdo” es una alharaca pre-electoral
para engañar incautos, cautivar votos y dividir al pueblo.
De
parte de los falsos amigos del pueblo —los jefes de los partidos
reformistas y oportunistas, los jefes guerrilleros, los jefes de las
centrales sindicales— han mentido por partida doble: primero
hicieron alharaca sobre el fin de la guerra con el “acuerdo”, y
luego anunciaron el advenimiento de una época de “paz social” en
Colombia. La vida misma se ha encargado de restregarles en la cara el
divorcio entre el “acuerdo” y las verdaderas causas de esta
guerra, enseñando que la “paz social” de los explotadores es la
paz de los sepulcros, que en vez de una época de “paz social” se
agravó la crisis social, esto es, se agudizó más la lucha de
clases en la sociedad colombiana.
Las
críticas de algunos jefes intermedios de las FARC contra los jefes
negociadores del “acuerdo” por su entreguismo sumiso, por el
incumplimiento del gobierno con los guerrilleros de base, por el
hostigamiento que sufren sus familias y el asesinato de varios de
ellos —a la fecha han asesinado a 36 guerrilleros desmovilizados y
a 13 de sus familiares—, son críticas ciertas desde el punto de
vista de los hechos de guerra, más cuando la burguesía ha puesto en
la mira de sus sicarios a los simpatizantes, a los guerrilleros
desarmados y sus allegados. Pero son críticas mamertas desde el
punto de vista político, porque las hacen como defensores del
“acuerdo” y crédulos en la posibilidad de la “paz social”.
Asumir una posición consecuente por los guerrilleros de base
engañados y utilizados para esta tramoya burguesa, por los
simpatizantes obreros y campesinos desilusionados de los felones
jefes guerrilleros, les exige rebelarse contra el “acuerdo” de
sometimiento al poder de la burguesía y contra el plan
parlamentarista burgués de los arrepentidos jefes; les exige
desechar toda ilusión en la paz burguesa, comprender que la paz para
el pueblo sólo es posible con la abolición de la propiedad privada
sobre los medios de producción, causa profunda de la explotación
del hombre por el hombre y de la desigualdad de clases en la
sociedad; les exige renegar de su participación en esta guerra
reaccionaria contra el pueblo, entendiendo que el camino no es la
claudicación ante el Estado opresor, sino la vinculación a las
luchas de las masas y de los revolucionarios en la preparación de
una verdadera guerra popular, que sí lleve a la real emancipación
del pueblo colombiano.
En
resumidas cuentas, en esta guerra reaccionaria encarnizada contra el
pueblo, la “paz social” de la burguesía es la paz de los
sepulcros, es un embeleco que solo le sirve a los enemigos del pueblo
para profundizar la explotación y endurecer su dictadura de clase.
Como bien lo indica la Táctica revolucionaria de la Unión: “La
política de “paz social” es hoy el principal contra-ataque a los
esfuerzos de los revolucionarios y comunistas por elevar la
conciencia política de las masas y unir sus distintas
manifestaciones de lucha, reorganizar las filas de las clases
trabajadoras con independencia de los enemigos explotadores y de los
falsos amigos politiqueros, cumplir la tarea de construir el Partido
político del proletariado al calor de la lucha de clases en el rumbo
de la Revolución Socialista”.
¿Qué
camino le queda entonces a las masas trabajadoras?
Confiar
en sus propias fuerzas y en su lucha directa, cuyo acontecer es lo
más importante y decisivo actualmente en la sociedad, en
contraposición a la lucha electoral organizada por el gobierno y
convertida en el qué hacer político de los partidos reformistas y
oportunistas, promovida por la prensa de los grandes capitalistas y
patrocinada por ellos, porque en esa lucha electoral no pesa la
voluntad del pueblo así votara en su gran mayoría, sino el poder
del capital que decide cómo se reparte la administración del poder
entre las facciones de las clases dominantes, decide cuáles de sus
representantes —ayudados por los colados de otras clases— han de
administrar los negocios generales de los capitalistas (léase, han
de ejecutar la “agenda empresarial”) y han de oprimir al pueblo
durante los próximos años.
No
es entonces la lucha electoral y parlamentaria la que sirve al pueblo
para remediar sus sufrimientos. Es la lucha extraparlamentaria, la
lucha directa de las masas trabajadoras, expresada hoy bajo la forma
de Huelgas Políticas de Masas, la que sí puede resolver los
problemas inmediatos de las masas, en la medida en que involucre a la
inmensa mayoría de los explotados y oprimidos, junte sus expresiones
dispersas, las unifique bajo una Plataforma común que con la fuerza
de un paro general, sea exigida al Estado representante de todos los
explotadores.
Mientras
que la lucha electoral divide al pueblo y lo somete a marchar en
apoyo a sus enemigos, la lucha de masas directa debilita a los
gobernantes y desorganiza sus componendas con los partidos
reformistas y oportunistas, une al pueblo y le enseña por
experiencia propia que ¡Ni
el Estado, ni los politiqueros! ¡Sólo el Pueblo Salva al Pueblo!
Y
aunque las tareas políticas inmediatas de la lucha directa del
pueblo deben ser, denunciar y movilizarse contra la guerra
reaccionaria y el terrorismo de Estado que asesina dirigentes y
activistas de las masas, rechazar en las calles la rebaja del salario
mínimo y la andanada de impuestos y tarifas que se vienen,
contraponer la movilización a la farsa electoral, conmemorar con
mayor beligerancia el Primero de Mayo Internacionalista y
Revolucionario, y avanzar en la organización de un Paro Nacional
Indefinido, tales movilizaciones serán solo batallas inmediatas de
resistencia y preparación para las futuras batallas revolucionarias
en la lucha de clases, esas sí decisivas para derrocar a los
opresores y constituir un nuevo poder, el de un nuevo Estado de
obreros y campesinos, indispensable para barrer las causas profundas
de la esclavitud asalariada.
Para
la lucha política inmediata son condiciones necesarias, la unidad de
los comunistas revolucionarios, la unidad de las posiciones
revolucionarias en el movimiento sindical, y la alianza con las
expresiones revolucionarias de la pequeña burguesía, sobre la base
del rechazo al engaño de la “paz social” y del compromiso a
contrarrestar, neutralizar y derrotar la influencia pacifista al
interior del movimiento de masas.
Para
el avance de la lucha política revolucionaria de las masas, es así
mismo condición indispensable, el persistente trabajo de los
comunistas para enseñarles a distinguir a sus verdaderos amigos y
enemigos; para elevarles al calor de la lucha su conciencia política,
tanto sobre el carácter irreconciliable de la contradicción con los
enemigos del pueblo, como sobre la nefasta política de conciliación
de clases y “paz social” de los reformistas y oportunistas; para
contribuir a la organización independiente de la clase obrera, de su
movimiento sindical y principalmente de su destacamento de
vanguardia, el Partido del Proletariado, dirigente político y
cuartel general de la revolución.
Tales
son las responsabilidades inmediatas de los activistas obreros y de
masas, de los revolucionarios y comunistas, para enfrentar la
política desmovilizadora de la “paz social” y el gran engaño
electoral.
Comité
de Dirección – Unión Obrera Comunista (mlm)
Enero
20 de 2018