Voces de la represión: «Se solidarizó con Catalunya y no ha vuelto a casa»
Detrás de la impactante cifra de 600 investigados por las manifestaciones postsentencia,
se esconden nombres y caras. Personas. Su situación no es mediática
como la de los políticos represaliados. No son personajes públicos y,
como pasa a menudo, la invisibilidad acaba provocando el olvido. Por
esta razón, en El Nacional, coincidiendo con los cuatro meses
de las protestas y reactivación de las citaciones a raíz de las
protestas, hemos hablado con algunos de ellos para dar a conocer su
historia.
«Salió en solidaridad con Catalunya y no ha vuelto a casa»
Uno
de los casos más flagrantes es el de Dani Gallardo, un joven de 22 años
de Cádiz residente en Madrid, que el 16 de octubre decidió salir a la
calle al ver como «apaleaban a la gente en Catalunya», en «solidaridad»
con ellos, y ya no volvió. Desde entonces está encarcelado en el centro
penitenciario de Alcalá Meco. Le han denegado hasta dos veces la
libertad y, aunque seguirá presentando recursos y luchando, ya se ha
hecho la idea de que «se quedará durante bastante tiempo, al menos hasta
que se celebre el juicio». Se le acusa de resistencia y atentado contra
la autoridad, además de desórdenes públicos. Aquel 16 de octubre había
salido a manifestarse con su amiga Elsa, que había ido unos días a
Madrid a visitarlo. Estaban en la Puerta del Sol, en el centro de la
capital madrileña, rodeados de banderas republicanas y
coreando proclamas antirepresivas, cuando empezaron las cargas. Como
pasa a menudo en estos casos, de golpe empieza el caos, las carrerillas,
los porrazos… y Elsa se cae al suelo. Un policía la empezó a golpear
por detrás –dejándole grandes morados en las piernas– y él, que estaba a
pocos metros, se agachó e intentó parar la paliza. Los dos acabaron
detenidos. La primera noche la pasaron juntos en dependencias
policiales. Ella acabó saliendo en libertad. Él no tuvo la misma suerte:
prisión provisional, fue el veredicto. Según el policía, Dani iba
armado con un palo con dos clavos en la punta y causó lesiones al
agente.
Alejandra, integrante del Movimiento Anti-Represivo de Madrid, denuncia en conversación con El Nacional
que el caso está «lleno de contradicciones» –nunca se ha llegado a
encontrar el palo con los clavos. Además, asegura que el policía no
tiene «ninguna secuela» y que no se cumple «ninguno de los requisitos»
para tener que mantenerse en prisión. No tiene antecedentes penales ni
motivos que hagan pensar que podría huir. A pesar de todo, Alejandra,
que conoce bien a Dani y que lo ha podido ir a ver a la cárcel, asegura
que está «bien» y «fuerte». «Sabe que el Estado busca destruirlo y
desmovilizar a los jóvenes. Sabe que se busca desmoralizarlo, pero de
momento no lo han conseguido», añade. Dani viene de un entorno «obrero
movilizado» aunque no había formado nunca parte de «ninguna
organización». Alejandra, sin embargo, asegura que lo tiene claro:
«cuando salga de la prisión no se quedará en casa».
«Para la justicia, los jóvenes son culpables de que sus familias vivan fuera de Catalunya»
El caso de Dani, sin embargo, no es único. En Catalunya todavía hay cinco personas en prisión provisional
y dos más que han sido deportadas a Marruecos. Ibrahim Afkir, Charaf
Fadlaoui y Mouschine hace más de 100 días que estan encarcelados en el
centro penitenciario Puig de les Basses, en Figueres. Los tres tienen
raíces en Marruecos, igual que Mohamed, que está en el centro de
internamiento de la Zona Franca, y que podría ser expulsado antes del
juicio. Dos jóvenes más ya fueron deportados después de las protestas,
sin derecho a defenderse. El último encarcelado en Catalunya es Charles
Adrew Pittman, un joven de origen americano a quien la Guardia Urbana
detuvo el 18 de octubre en plena huelga general. Actualmente está en
Brians I. De los 200 detenidos que hubo durante las manifestaciones
postsentencia sólo ellos continúan en prisión. El resto de jóvenes que
fueron detenidos por hechos similares pero que no son racializados están
a estas alturas en situación de libertad.
Es
lo que denuncian desde el Grupo de Apoyo Ibrahim y Sharaf, que ven un
caso claro de «racismo», ya que la justificación sobre su ingreso
provisional en la prisión es «la falta de arraigo». «Parece que para la
administración de justicia, los jóvenes son culpables de que sus
familias vivan fuera de Catalunya y que se encuentren en una situación
administrativa de no nacionalidad», lamentan desde este colectivo.
Además, consideran que detrás de la causa hay discurso interesado y que
se les imputan unos hechos sobredimensionados. Según aseguran, ninguno
de los dos jóvenes participaron en las movilizaciones contra la
sentencia y estaban lejos del lugar de los hechos que los imputan. Por
eso, consideran que la detención fue arbitraria y exigen al Govern de la
Generalitat que se retire del caso, donde ejerce de acusación
particular.
«No lo habría imaginado nunca, a mi edad»
Más
allá de los encarcelamientos, hay centenares de catalanes investigados
por hechos relacionados con estas protestas. Gente de todas las edades,
de todo el territorio catalán que habían salido a la calle para
denunciar lo que consideran una situación injusta.
A
menudo asociamos las protestas postsentencia con una reivindicación de
una única generación, pero no siempre es así. El caso de una vecina de
Campdevànol desmiente que la indignación por la condena a los líderes
independentistas haya sido protagonizada sólo por jóvenes. Tiene 75 años
y la convicción firme que hace falta desplazarse donde sea necesario
para visibilizar su incomodidad. Cuando la Guardia Civil llamó a la
puerta de su casa para entregarle la citación para ir a declarar por el
corte de Tsunami Democràtic salía de la ducha y los recibió con
albornoz. «Déjenme vestir y ahora estoy por ustedes» les pidió. Los
agentes les pidieron que les facilitara el trabajo y ella les
proporcionó datos como el número de teléfono. «Todo fue diplomático
porque ellos venían a hacer su trabajo, pero yo les dejé claro que
también había hecho la mía», explica en este medio. La testigo fue a
declarar al juzgado de instrucción de guardia de Girona el pasado 21 de
febrero, junto con una decena más de ripollenses. Destaca que la policía
le dejó escoger el día, ya que su hijo lo tenía que acompañar. Se
acogió al derecho a no declarar, cosa que le hace pensar que será citada
pronto a juicio. Siguiendo las instrucciones de Tsunami Democràtic, el
11 de noviembre cortó con su vehículo la AP-7 en El Pertús. De buena
mañana ya estaba en la zona catalana de la frontera, cerca del escenario
que se montó. Pasaron la noche allí y a primera hora del día siguiente
la Guardia Civil los desalojó. «Amenazando con una porra nos obligaron a
entrar en el coche», recuerda. Los agentes la identificaron tanto a
ella como al vehículo y le dieron la opción de abandonar el corte por
propio pie para no ser detenida. Así lo hizo. Ya en zona catalana, los
Mossos volvieron a cogerle los datos. Asegura no tener miedo, pero vivir
un proceso judicial no se lo habría imaginado nunca, a mi edad».
«No voy a declarar porque no me asustan las intimidaciones»
Recibió
la citación 9 días antes de que se la citara a declarar en la comisaría
de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca. Tuvo que tomar una
decisión con el tiempo justo, pero decidió no ir a declarar. Antes se
había asesorado de las consecuencias que eso puede tener. Puede ser
detenida por llevarla a declarar, el juez puede pedir que vaya a
declarar directamente con él por propio pie o el mismo juez puede
ordenar a la Guardia Civil que la vuelva a citar. No presentarse a la
citación responde en la convicción de que existe una estrategia
represiva contra el independentismo. «No reconozco la legitimidad de la
Guardia Civil ni de que me están acusando», ha argumentado en este
diario. «La manera que tenemos de dar la vuelta a la situación, de
demostrar que no nos asustan estas intimidaciones es no ir a declarar»,
dice. Su acción reivindicativa fue parar el tráfico en el corte en la
AP-7 convocado por Tsunami Democràtic para protestar contra la
sentencia. «No hice ningún piquete, ni una hoguera para calentarme»,
reconoce. Define el ambiente de la acción en la Jonquera como una
«sensación generalizada de solidaridad hacia la causa». La madrugada del
segundo día, el 12 de noviembre, se despertó dentro del coche viendo
cómo un agente de la Guardia Civil se abalanzaba. «Me identificaron pero
el miedo a la represión no nos tiene que parar porque el conflicto
está». Desde que hizo pública su decisión, la testigo ha recibido
mensajes de apoyo e incluso abrazos en la calle. «Eso me reconforta y
corrobora que no ir a declarar es una buena opción», apunta.
«Quedo a la espera de juicio»
Un
activista de las Terres de l’Ebre acudió a la cita en el juzgado de
Amposta pero se negó a declarar el 18 de febrero. Estaba citado por el
corte de la AP-7 y la N-320 en l’Ampolla el 17 de octubre del año pasado
e investigado por delitos de desórdenes públicos, daños y contra la
seguridad en el tráfico. El testigo explica que los agentes no le
pidieron ningún tipo de identificación, simplemente lo reconocieron y
apuntaron su nombre. Al salir del juzgado el pasado 18 de febrero, los
Mossos lo volvieron a identificar con el argumento que había organizado
una concentración de apoyo a las puertas del edificio sin haberlo
avisado. Ahora queda a la espera de juicio y prevé que en unos meses
llegará la petición de condena y la fecha de celebración.
Fuente: El Nacional.cat
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