Nacional, La Rebelión Se Justifica N°18
Como respuesta al justificado alzamiento
del pueblo mediante combativas
protestas populares que cada
vez convocaban a mayores masas de
población y tomaban un carácter más
radical contra el régimen de la Junta
Militar Fascista, el año 1984, es promulgada
la ley 18.314, más conocida
como la Ley antiterrorista. Esta ley,
eleva las penas de determinados delitos
solo por presumirse que tienen el
fin de “causar temor” en determinado
sector de la sociedad.
Desde entonces, varias han sido las
modificaciones que los títeres del viejo
Estado han impulsado durante sus
mandatos, siendo la más considerable
la pactada el pasado 23 de marzo por
Sebastián Piñera y parte de su directiva.
Esta contempla distintos puntos
entre los cuales están las interceptaciones
de comunicaciones, el uso de
infiltrados, testigos fantasmas, jueces
sin rostro, periodos extendidos de
prisión preventiva, entre otros.
Claro está el enfoque de esta vil artimaña
jurídica, cuyo mayor impacto
lo ha recibido y recibirá nuestro pueblo
Mapuche en su lucha inquebrantable
por el territorio usurpado, pues
por años se ha avalado la persecución
y represión contra sus intentos de alzar
justas acciones reivindicatorias.
Y es que es propio, tanto de la Nueva
Mayoría como de la derecha chilena,
el cuidar el interés de grandes
burgueses y terratenientes, por lo
que no es de extrañar el cómo se han
blindado de impunidad para seguir
volcándose contra las masas proletarias
y campesinas, violando nuestros
derechos y sembrando temor y odio
dentro de nuestra propia clase.
Evidente es el objetivo de la nefasta
ley y sus potenciales consecuencias y
aún más evidente es develar la álgida
lucha de intereses tras esta reformulación,
el nefasto rol que cumple el
viejo Estado, el cual en los hechos se
alza como enemigo del pueblo que
dice amparar bajo el falso velo democrático
y atentando incisivamente
contra sus propias leyes y bases constitucionales
del “Estado de Derecho”
en Chile, develando la hipocresía en
que se desenvuelve.
Casi una parodia de lo que la pútrida
Junta Militar Fascista propugnó en sus
tiempos para perseguir a su enemigo
interno, hoy es levantada por la derecha
chilena.
Tan solo basta recordar la fallida
Operación Huracán y lo simple que
es para las fuerzas represivas el inculpar
a nuestro pueblo mediante falsas
pruebas y falsos testigos, criminalizándolo
y alzándolo como enemigo
traidor de su propia clase, en un intento
manipulador del Viejo Estado
por desviar la atención del verdadero
y más potencial enemigo que es el
Estado mismo y los intereses de las
clases dominantes que lo componen.
¡A denunciar y combatir esta ley
fascista y a luchar contra la criminalización de las luchas populares!
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