Jueves 24 de octubre
Desde el inicio de las acciones de protesta popular el viernes 18 de octubre en Santiago, la revuelta se ha extendido hasta alcanzar a todo el país. Al día de hoy las protestas se han sostenido con tal magnitud que se ha impuesto un estado de excepción en todas las regiones: Arica, Antofagasta, Calama, Tocopilla, Mejillones, Iquique, Alto Hospicio, La Serena, Coquimbo, Santiago, Valparaíso, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Osorno y Punta Arenas están bajo control militar, que incluye toque de queda en todas las principales ciudades.
Guerra contra el pueblo
Las cifras oficiales confirman 16 fallecidos durante las protestas, ocho de los cuales se encuentran aún sin identificación. Cinco de ellos han muerto directamente en manos de las fuerzas de represión en La Serena, Maipú, Coquimbo, Talcahuano y Curicó. Especial repudio ha causado el caso del joven obrero soldador José Miguel Uribe, asesinado por un militar en Curicó por participar una protesta, en circunstancias que allí ni siquiera se encontraba en rigor el estado de excepción ni el toque de queda. Despierta también indignación la muerte de Alexis Nuñez Sandoval, como resultado de los severos golpes propinados por Carabineros en la protesta del domingo 20 en la comuna de Maipú.
Como resulta ya evidente, el Estado infringe hasta sus propias leyes y acuerdos internacionales en su esfuerzo por garantizar la defensa de la sacrosanta propiedad privada. Según ha sido expuesto ante el Senado por el abogado constitucionalista Jaime Bassa, el estado de emergencia decretado restringe las libertades de reunión y desplazamiento, pero no permite a los militares realizar detenciones en lugares no autorizados ni realizar allanamientos en los hogares. “De facto, -ha expuesto el abogado- lo que estamos viendo es que la autoridad militar está actuando como si estuviéramos en Estado de Sitio, sin ninguna habilitación normativa y sin ningún tipo de control”.
Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha denunciado una represión brutal. En su informe de hoy jueves 24 de octubre, esta institución señala que han sido detenidas 2.686 personas y se han reportado 584 heridos, 245 de los cuales han sido heridos por arma de fuego de parte de agentes de represión del Estado, presentando además querellas por homicidios, agresión sexual y tortura. Pero más allá de estas cifras, en las poblaciones pobres de la capital, como también en ciudades y pueblos de regiones, se habla de otros numerosos casos no registrados.
Las denuncias de abusos sexuales, violaciones y tortura hacia los detenidos se han acumulado en tal número que ya no pueden ser omitidos. Durante el miércoles 23, y tras recibir un recurso de amparo, el Juez de Garantía registró las dependencias de Metro Baquedano, en el subsuelo del principal punto de protesta de masas en Santiago, donde se encontraron elementos que concuerdan con el testimonio de un estudiante detenido que afirma que allí ha operado un centro de tortura junto a la comisaría de Carabineros. Los elementos allí encontrados coinciden con el relato de la denuncia y se dispuso un juez especial para investigar la causa. Aun recibiendo a este conjunto de indignantes vejaciones contra el pueblo, la Organización de Estados Americanos ha anunciado enviar sus observadores internacionales recién el próximo lunes.
La permanente impunidad cuando se trata de crímenes contra el pueblo se sigue evidenciando día a día, dejando en claro que para el Estado la propiedad vale más que la vida de las masas: un carabinero y un gendarme que fueron sorprendidos robando especies desde locales comerciales en Coronel han sido puestos en prisión preventiva, en tanto el militar que asesinó al obrero José Uribe en Curicó quedó en libertad con firma mensual, lo mismo que otro soldado que disparó a quemarropa a un hombre que ya había sido reducido en Concepción.
Nuestro pueblo ha conocido muchas veces en la historia este actuar de los gobiernos reaccionarios y sus fuerzas armadas y policiales. Hoy estos hechos se encuentran en plena coincidencia con los dichos de Sebastián Piñera, que declaró hace unos días que se concibe en guerra, es su guerra contra el pueblo. El gobierno y las fuerzas armadas una vez más se han manchado las manos con la sangre del pueblo pero éste, por más tiempo que pase, sabrá cobrar justicia.
De cara a las masas populares, aparece también cada vez más claro que el papel del ejército y la policía consiste en la defensa del gran capital y no en la protección de la población. Son innumerables las denuncias de las masas en las poblaciones de Santiago y regiones en relación con el papel que han tenido los efectivos de las fuerzas armadas y carabineros en los saqueos e incendios -que se utilizan como argumento para criminalizar la protesta-, al mismo tiempo que estos mismos dejan en completa desprotección de las masas ante el actuar del lumpen. Frente a esto, han sido las mismas masas las que han debido organizarse para el propio cuidado de sus hogares y pequeños negocios pues, como nos ha dicho una pobladora en San Miguel, “ya no estamos seguros si carabineros está de nuestro lado o no”.
Los canales de televisión han sido también objeto de denuncias abiertas por su papel en la desinformación y criminalización de la protesta y se han realizado numerosas acciones de protesta en sus instalaciones, además que sus reporteros en terreno son encarados por parte de la masa que protesta.
Como resultado de esta acción conjunta contra el pueblo, las acciones de masas vienen mostrando que éstas se hacen cada vez más conscientes de quiénes son sus principales enemigos de clase.
El viejo Estado busca una salida
Además del repudio a las fuerzas armadas y de orden, el estado de emergencia y el toque de queda por sí solos expresan la debilidad de las instituciones políticas del viejo Estado. Gobierno y parlamento se han mostrado completamente incompetentes para responder a las demandas del pueblo y caen cada vez en más profundo descrédito a ojos de las masas.
Día a día se anuncian distintas medidas en su esfuerzo de aplacar las protestas, pero ninguna de ellas se acerca siquiera a tocar las causas profundas de la ira popular: la gran propiedad monopolista que que se incrementa a costa de la pobreza de la gran mayoría de los chilenos y la defensa irrenunciable que hacen de ésta tanto el gobierno como el parlamento y demás instituciones del viejo Estado.
En un intento por aplacar la protesta, hasta ahora se ha anunciado el congelamiento del alza de la tarifa de transporte, la reducción de las dietas parlamentarias y los sueldos de los ministros de estado, mejoras de pensiones mínimas y salario mínimo, seguro de salud, rebaja en el precio de los medicamentos, mayores impuestos a las grandes fortunas, además de proyectos de ley para revertir el alza de energía eléctrica y la rebaja de la jornada laboral a 40 horas. Pero toda estas medidas se muestran completamente insuficientes.
Piñera y sus ministros piden ahora “perdón” y expresan su disposición a “un gran acuerdo nacional”, pero éstas son consideradas como expresiones hipócritas frente a los agravios sistemáticos contra el pueblo, pues al mismo tiempo siguen centrando sus discursos en la condena a la protesta y el llamado al restablecimiento del orden público, al tiempo que ha comenzado las conversaciones con todos los partidos de oposición.
Por su parte, sectores del Frente Amplio y la ex Nueva Mayoría, por medio de las organizaciones sindicales y estudiantiles que controlan, vienen buscando canalizar la protesta por un cauce pacífico para centrar en la demanda de Asamblea Constituyente, apuntando en este esfuerzo a aislar al sector más combativo. En esto confluyen con los llamados desde el gobierno y los parlamentarios a “repudiar las acciones de violencia” y requerir que las propias masas realicen el trabajo policial en el control del lumpen y contra las expresiones de protesta violenta.
Sin embargo los sectores más combativos de las masas siguen sobrepasando a los propios dirigentes y vienen adoptando nuevas formas de organización en medio de la lucha. Son muchos los que por primera vez se han hecho conscientes de la necesidad de desenvolver la autodefensa frente el actuar represivo, preparándose para el desarrollo de las movilizaciones en los días venideros dado que ante el refuerzo de los efectivos de ejército -que han iniciado incluso la movilización del personal de reserva- no se puede esperar nada sino más represión.
La revuelta popular no se detiene
A pesar de toda la represión y los esfuerzos del gobierno, la revuelta popular no ha perdido ímpetu.
Y a pesar de los denodados esfuerzos por aislar a los sectores más combativos de las masas, cada día aparecen acciones de protesta en más ciudades y pueblos del país. La juventud sigue movilizándose combativamente mientras el proletariado y otros sectores de trabajadores vienen adoptando otras variadas formas de lucha, desde manifestaciones con cacerolas, expresiones artísticas, concentraciones de masas que desafían el toque de queda, a acciones de lucha combativa.
Siguen creciendo también las organizaciones de apoyo a la protesta, tales como las brigadas de propaganda, los grupos de sanidad y el apoyo a los detenidos y las víctimas de represión.
Sobre esta amplia base de masas se extiende la protesta hasta localidades como Chañaral, Collipulli, Villa Alemana, el Huique y hasta en Isla de Pascua.
Las masas movilizadas reciben el apoyo de los presos políticos mapuche que expresan la unidad en las luchas del pueblo chileno y el pueblo mapuche.
Se suman también nuevos sectores a la protesta: transportistas menores que no forman parte de los monopolios de camiones se presentan en Valparaíso frente al Congreso Nacional y anuncian copar las carreteras de la capital para mañana viernes.
En las asambleas estudiantiles, obreras y barriales, los sectores más conscientes del proletariado y el pueblo promueven la continuación de la protesta, al mismo tiempo que van advirtiendo del riesgo de que se repita el actuar de los dirigentes oportunistas y se termine transando la sangre del pueblo por cargos y puestos en este viejo Estado.
De parte de gran número de detenidos y heridos envías por redes sociales llamados a proseguir la lucha y agudizar la protesta.
El desenlace de la protesta aún no se ve claro, pero se mantiene en alto la disposición a no dejarse doblegar. A ojos de muchos, estas seis jornadas de lucha hacen cada vez más explícito el profundo significado de las consignas revolucionarias “las masas hacen la historia” y “la rebelión se justifica”.